Editorial Esquerda Online

5-8-2017

Hoy, 5 de agosto, se inician los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Sin embargo, los principales países imperialistas no reconocen las elecciones celebradas el pasado 30 de julio. El gobierno de Trump adoptó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró que las elecciones son ilegítimas. El Mercosur, con Brasil de Temer y Argentina de Macri al frente, anuncian nuevas sanciones al país. La Unión Europea, con el destaque de España, tampoco reconoció la legitimidad de las elecciones. Para la izquierda socialista, eso, por sí solo, ya debería decir mucho.

Como si eso no bastara, ayer, 4 de agosto, la alianza de la oposición de derecha MUD – Mesa de Unidad Democrática -, realizó una nueva marcha de protesta contra la toma de posesión de los diputados constituyentes. El hecho es que hoy, el cerco al país alcanzó uno de sus puntos más altos.

Pero a decir verdad, la responsabilidad de esta situación recae en gran medida en el propio chavismo. Pasado casi 20 años desde que Hugo Chávez fue elegido por primera vez, en 1998, la llamada revolución socialista bolivariana no tomó ninguna medida seria contra el capital. Con eso, el chavismo fue incapaz de alterar la estructura económica del país.

Venezuela continúa dependiendo de la exportación del petróleo y sigue teniendo que importar casi todo. La renta petrolera siguió siendo responsable de cerca de un tercio del PIB, el 80% de los ingresos de exportación y más de la mitad de la financiación del Estado. Sin la reanudación de la producción agropecuaria y sin un parque industrial nacional, el país siguió importando más del 90% de los productos, mercancías, bienes y servicios.

Con la subida del precio del petróleo en la primera década del 2000, en lugar de cambios estructurales, el chavismo privilegió un acuerdo con sectores de la burguesía y la realización de políticas sociales compensatorias. Es verdad que con eso elevaron el nivel de vida, pero como no podía dejar de ser, sin cambios estructurales, ese avance fue pasajero. Con la caída del precio del petróleo, el país comenzó a venir abajo. En 2013-2014 se inició una recesión y con ella, el descontento popular. Esta es una de las principales explicaciones para la victoria del MUD en las elecciones legislativas de 2015.

Pese a la política desastrosa del chavismo que terminó abriendo camino hacia la contraofensiva de la derecha, no se puede perder de vista que el objetivo del imperialismo es retomar el control directo del país, en particular de sus reservas de petróleo. Para ello, necesita eliminar al gobierno poniendo fin a las mediaciones.

La ascensión del chavismo fue posible gracias a la heroica lucha del pueblo venezolano que se convirtió en un símbolo desde la famosa rebelión popular de 89, conocida como “Caracazo”. Esto permitió que Venezuela se convierta en un país políticamente más independiente del imperialismo. La ofensiva contrarrevolucionaria en curso tiene como objetivo, no solo derrotar al gobierno, sino subordinar completamente al país y, principalmente, hacer retroceder el avance de las luchas populares no solo en Venezuela, sino en todo el continente.

Escalada de la derecha y del imperialismo

Desde que venció las elecciones legislativas de diciembre de 2015, la MUD lanzó una contraofensiva para destituir al presidente Nicolás Maduro. Sin mayoría en la Asamblea Nacional, el gobierno pasó a apoyarse en el Poder Judicial para gobernar. En el transcurso de 2016, la oposición intentó interrumpir el mandato presidencial a través de un referéndum revocatorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidió que esto ocurriera. A principios de 2017, la MUD pasó a exigir elecciones presidenciales anticipadas declarando al gobierno incompetente por abuso de poder.

Acosado por la oposición, en lugar de recurrir al poder popular, Maduro intentó retirar el poder legislativo de la Asamblea Nacional y pasarlo al TSJ. Tres días después retrocedió e inmediatamente después, el 1 de mayo, convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio.

Sin embargo, esta, que podría ser una fuerte reanudación de la ofensiva contra la derecha, terminó siendo minada por el control burocrático del gobierno sobre el proceso electoral. Las fuerzas de izquierda, los grupos y activistas independientes encontraron fuertes obstáculos para legalizar sus candidaturas. Poco más de 5 mil candidatos de los 55 mil inscriptos lograron obtener su reconocimiento. La casi totalidad de los candidatos de las Comunas y del sector sindical, popular, campesino e indígena está ligada directamente al gobierno. Un proceso que no esté apoyado en una amplia democracia, impide la unidad necesaria para enfrentar a la derecha, además de disminuir la fuerza y la legitimidad de la propia Constituyente.

La oposición, por su parte, no perdió tiempo. Decidió intensificar las movilizaciones y enfrentamientos a través de lockouts, marchas y barricadas (“guarimbas”) con miras a impedir la realización de las elecciones. Varios chavistas fueron quemados vivos y algunos candidatos llegaron a ser asesinados. El gobierno llevó a cabo marchas y manifestaciones, al mismo tiempo en que reprimía las manifestaciones de la oposición, a través de la Guardia Nacional y de los colectivos populares, haciendo nuevas víctimas. Según algunas fuentes, estos enfrentamientos ya han provocado alrededor de 120 muertos entre abril y julio de este año.

Bajo un clima de máxima tensión, con barricadas y sin transportes, las elecciones se realizaron. Luego vinieron las denuncias de fraude. A pesar de ello, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló y hoy inicia sus trabajos. El imperialismo aumenta el cerco, al mismo tiempo que algunos sectores ya amagan con negociaciones.

El desafío de la izquierda socialista

Los socialistas revolucionarios deben luchar por la construcción de una alternativa tanto al gobierno de Maduro como a la oposición de derecha. La estrategia debe ser la superación del chavismo. Para ello es necesario fortalecer las fuerzas sociales de la revolución, apoyándose tanto en la defensa de un programa clasista y socialista, como en las movilizaciones, en la autoorganización y autodefensa de las masas obreras y populares.

Sin embargo, en este momento de extrema polarización, la construcción de esa alternativa pasa por colocarse en el frente de lucha para derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria de la derecha, de la OEA y del imperialismo. No se construye una alternativa socialista y revolucionaria desde un tercer campo que en la práctica no existe. Hacerlo es caer en el puro abstencionismo. La unidad de acción necesaria para derrotar a la contrarrevolución no significa depositar ninguna ilusión en el gobierno de Maduro. Se trata de la misma ubicación cuando nos ponemos contra el impeachment de Dilma. Como se sabe, esto no significó apoyar la política y mucho menos el proyecto de conciliación de clase de Dilma-Lula-PT.

Se equivocan también las fuerzas de izquierda que en este momento buscan la superación del chavismo disputando el campo de la oposición de derecha. En realidad se trata de un error mucho más grave que igualar, en este momento, al gobierno y la oposición. Al colocarse en el campo de la oposición de derecha defendiendo la caída del gobierno y el boicot a la Constituyente pierden absolutamente todo criterio de clase, confundiendo revolución con contrarrevolución. No se construye una alternativa en unidad de acción con la MUD o con el imperialismo. No es ese el campo donde debemos golpear juntos y marchar separados.

En este momento tan dramático por el que pasa Venezuela, la izquierda latinoamericana tiene como su principal tarea ayudar a derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria. Es urgente que se ponga en marcha y se convoque a la clase trabajadora de los países hermanos a realizar acciones de solidaridad en todos los terrenos necesarios.

Al mismo tiempo, es necesario exigir a los diputados constituyentes que den una salida socialista para el país. Es urgente que se modifique el carácter de la actual Constitución que protege la propiedad privada y la libertad de comercio y de lucro, preceptos en los que se asientan todo tipo de explotación, opresión y desigualdad social.

La nueva Constitución debe garantizar la adopción de medidas como la nacionalización de las empresas extranjeras, la inmediata expropiación de las empresas de la derecha golpista, una PDVSA 100% estatal bajo el control de los trabajadores.

Es fundamental que el Estado asuma el control del comercio y de la distribución. Junto con eso es urgente la estatización del sistema financiero. Sólo así será posible realmente combatir la especulación e impedir la fuga de capitales. La suspensión del pago de la deuda externa – hasta hoy pagada puntualmente a pesar de la inmensa crisis que castiga al país- es vital para inversiones en infraestructura, vivienda, salud y educación. Finalmente, es necesaria la democratización de las Fuerzas Armadas y un Estado asentado en el poder obrero y popular.

Tales son algunos de los principales desafíos de la izquierda socialista en Venezuela.