El Gobierno de Chile aprovecha la pandemia del Coronavirus en dos sentidos: por una parte, profundiza el modelo económico neoliberal imperante con leyes y decretos gubernamentales que intentan, por un lado, responder a las necesidades de la población mediante más subsidios estatales, como Bono Covid de $50.000, (US$60) a las familias más vulnerables, suplemento al salario mínimo en otros $50.000 (US $60), monto entregado por el gobierno a los y las trabajadoras que ganen dicho salario mínimo, es decir, lo paga el estado y no la empresa para la que trabajan. Por otro lado, precariza las condiciones de las y los trabajadores mediante la promulgación de la denominada “ley de teletrabajo” al mismo tiempo que resguarda a las empresas con la mal denominada “ley de protección al empleo”, que permite a los empleadores suspender la relación laboral por hasta 6 meses o reducir la jornada en hasta un 50% de ella, liberando al empleador de pagar la remuneración total o parcial, según sea el caso. Entonces ¿quién paga?, pues el trabajador debe ir a la administradora de fondos de cesantía y pedir que, de sus propios fondos, le entreguen mensualmente un porcentaje de su salario, comenzando en un 70% y reduciéndose luego a un 60, 50 y 45, por ciento. Finalmente, la crisis en Chile la estamos pagando los y las trabajadoras, con nuestros propios ahorros, para el evento de una cesantía y con una reducción evidente de sus ingresos.
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En una muestra más de los beneficios que gozan las elites económicas de Chile, esta ley, al no distinguir entre grandes, medianas y pequeñas empresas permite a minoritarios grupos como Cencosud, de Horts Paulmann, seguir acumulando riqueza mediante la repartición de ganancias multimillonarias, en montos superiores a lo legal, en lugar de pagar sueldos a sus trabajadores, mientras intentan mantenerse vivos para seguir generando las riquezas de que ellos gozan.
Por otra parte, desde el inicio del estallido social en Chile en octubre de 2019, el Gobierno ha respondido con autoritarismo, estados de excepción y represión masiva a quienes se manifiestan en las calles de Chile, dejando una estela de muerte, mutilados y presos, con cerca de 2.500 compañeros y compañeras, que se encuentran en diversas cárceles del país.
Pasado el periodo estival, con la llegada de marzo, comenzó una ola de manifestaciones que tuvo su máxima expresión el 8M, logrando una histórica masividad en nuestro país, destacada a nivel mundial. El día 18 de marzo se establece un estado de excepción en el país por causa de la pandemia mundial. Ello se manifestó primero, en decretar un toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente, con la salida de los militares a la calle nuevamente, para hacer cumplir esta decisión autoritaria, y por cierto insensata, como en los mejores tiempos de la dictadura de Pinochet. La pandemia nos obligó, sin lugar a dudas, a replegarnos a nuestras casas, no hubo cuarentena total, pero si parcial en algunas comunas, el gobierno en estos dos meses, creyó tener controlada la pandemia y llamo a una “Nueva Normalidad”, también lo llamo “Retorno Seguro”, proponiendo volver abrir colegios y comercio, llamaron a juntarse a tomar café entre amigos. Así el estado de las cosas, llego el día lunes 27 de abril, día del 93º aniversario de “Carabineros de Chile”, una Institución policial, que en los últimos años ha revelado la corrupción de sus altos mandos, mediante el robo de 30.000 millones del erario nacional, con varios de sus generales en retiro procesados por esto y además con un sangriento reguero de muerte, mutilados y presos políticos, en los últimos seis meses. Razón por la cual, un grupo de compañeras y compañeros, quisimos conmemorar a las víctimas de la violencia policial con una velatón en el frontis del recinto de carabineros. Ese día, la policía actuó de la misma forma en que viene cumpliendo sus protocolos desde hace seis meses, con represión inmediata, donde fuimos detenidos 13 manifestantes, entre ellos, dos compañeros de radios comunitarias, uno de Radio en Acción, Milko Caracciolo y Radio la Base, Iván Guzmán, estuvimos cerca de 5 horas en los calabozos antes de ser liberados.
Posteriormente, con motivo de la Conmemoración del día 1 de mayo, fecha de gran importancia para los y las trabajadoras y sus luchas; la Mesa de Unidad Social de San Antonio convocó a una caravana de vehículos, coincidiendo con el llamado a marcha del Sindicato de la Construcción de la Provincia de San Antonio, ambos en la plaza de San Antonio a las 12:00 horas, del día viernes 1 de mayo. Llegado el día había alrededor de 40 personas, todas debidamente resguardadas con mascarillas, guantes, manteniendo la distancia, en conformidad a la normativa legal vigente sobre medidas sanitarias. No obstante ello, cuando el grupo intentó avanzar, algunos caminando y otros en sus carros, no alcanzamos desplazarnos por dos cuadras, cuando fuimos interrumpidos nuevamente por la policía y su actuar represivo, nuevamente fuimos detenidos algunos activistas que nos dedicamos a grabar con nuestras cámaras el accionar de las fuerzas policiales y militares, en lo que claramente fue una detención selectiva, de Milko Caracciolo de Radio en Acción. En lo personal, fui perseguido y buscado por varios efectivos policiales hasta que lograron detenerme, en un claro actuar policial selectivo, con la intención de amedrentar y acallar a quienes luchamos y registramos sus acciones, ello se ve corroborado por la Intendencia Regional, que ha presentado una querella criminal en nuestra contra, no lo conseguirán, seguimos firmes con nuestras convicciones y nos manifestaremos cada vez que sea necesario, con las medidas de seguridad pertinentes para no arriesgar nuestras vidas por el coronavirus, como por la represión, la lucha continua.
RAUL DEVIA ILABACA, DIRECCION REGIONAL PARTIDO COMUNES SAN ANTONIO
GRACIELA ZAVALA PRADO, CONSEJERA REGIONAL PARTIDO COMUNES SAN ANTONIO
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