Desde la asunción a la Presidencia de la Republica de Gabriel Boric Font, ha sido compleja su instalación, tanto en el nombramiento de las personas y sus militancias que ocuparían los cargos del aparato público, Ministros, Subsecretarios, Delegados Presidenciales, Direcciones de Servicios, Secretarios Regionales Ministeriales y Presidentes de Directorios Corporativos de empresas del Estado, toda vez que, al tener un pacto de gobierno que se amplió en la segunda vuelta al denominado “Socialismo Democrático, con dos pactos electorales de apoyo a ese programa, la distribución de los cargos fue una obra de ingeniería bastante difícil, tanto es así, que aún no se termina de realizar todos los nombramientos de los funcionarios públicos en el aparato estatal. Así tenemos que el Partido Comunista (Apruebo Dignidad) obtuvo el área social de su interés y el Partido Socialista, (Socialismo Democrático) el Gran ganador, obtuvo el área Económica y su principal cargo, el Ministro de Hacienda, pero también gran influencia en el Ministerio de Interior, con el Subsecretario Monsalve y por último con las Direcciones de las grandes empresas estatales, Codelco y Banco del Estado, entre otros. Así, los sectores provenientes de la vieja “Nueva Mayoría”, segundo gobierno de M. Bachelet (2010-2014) logran convertirse en el poder tras los simbolismos de este nuevo gran pacto social, (nueva versión de los Gobiernos de frente popular1, surgidos al calor de grandes luchas en las calles y la reacción democrática2).
Así, las grandes frases grandilocuentes del Presidente en la asunción al poder, en la Moneda, sobre transformaciones profundas en materia social, en reconocimiento de presos políticos, indulto, memoria, justicia, reparación y no repetición, en materia de violación a los derechos humanos por parte de la policía, fueron quedando rápidamente en el camino, en estos primeros meses de gobierno. Sigue la represión desatada contra los estudiantes y quienes se manifiestan en las calles, con el apoyo del Gobierno a la represión policial. El dialogo con los Mapuches y no mas estado de excepción en el Walmapu solo quedo en eso, solo palabras, porque ya está otra vez militarizada la zona territorial del pueblo mapuche sin atisbo de una solución distinta, es decir, sigue el estado burgués opresor ocupando a su brazo armado, las fuerzas represivas militarizadas contra quienes luchan y ya no existen para estos jóvenes gobernantes Presos Políticos de la revuelta, y mapuches. Quien grafica más radicalmente esta incoherencia política es la vocera de gobierno, Camila Vallejos, militante del Partido Comunista, quien dice ahora que en Chile No existen Presos Políticos.
Ligado a este proceso de rebajar sustancialmente el programa de gobierno ofrecido al país en las campañas electorales, la difícil instalación del Gobierno, se ha producido según las encuestas de opinión, una rápida caída en los porcentajes de aprobación al presidente Boric y sus ministros, teniendo este ejecutivo una relación difícil, con el parlamento.
Este parlamento está compuesto en sus respectivas Cámaras con un 50% de Senadores y Diputados, de derecha y ultraderecha, incluido el Partido Republicano, cuyo líder es el excandidato presidencial derrotado Kast y por la socialdemocracia con un 25% aproximadamente y los sectores del frente amplio y partido comunista con el otro 25%. Así, el Gobierno ha cedido en la militarización del Walmapu, manteniendo los Estados de excepción en dichas regiones del sur. Intentó aprobar leyes menos invasivas que este estado excepcional, lo que fue rechazado mayoritariamente en el parlamento por ambas Cámaras, según el proyecto de ley denominado de “Protección de Infraestructura critica”, obligando al gobierno de esta forma olvidarse de hacer alguna mínima concesión a los grupos más radicalizados del pueblo mapuche en lucha.
En lo económico, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel ha logrado rebajar al mínimo las propuestas programáticas del Gobierno, respetando la regla fiscal de no endeudarse en demasía, ralentizando las ayudas económicas, proponiendo una reforma tributaria que permita hacer algunos tipos de concesiones a la población para que enfrente la crisis inflacionaria que azota al mundo y a Chile en particular al ser la economía más abierta a los efectos mundiales de la recesión en curso. Logró un pequeño triunfo en el parlamento al ser aprobado rápidamente un proyecto de ley que otorga un “bono invierno” al 40% más vulnerable del país por la suma de $120.000 pesos chilenos, que equivalen a U$ 120 dólares. Hay que señalar que el Dólar tuvo una semana en alza de 800 pesos aproximadamente a los $1.000 pesos y que, junto a ello, hubo una baja en el precio del cobre a nivel internacional, que afecta seriamente la economía chilena, que depende en parte importante del precio del cobre. Es decir, Chile está siendo golpeado fuertemente en su economía con una inflación galopante, con la subida del dólar, detenida por la acción del Banco Central de ingresar al mercado cambiario una suma importante de dólares para detener su alza continua por sobre los mil pesos.
Esta situación económica se refleja en un estancamiento de la renta promedio de los y las trabajadoras en Chile que solo alcanza a $457.000 (aproximadamente 457 dólares), con la inflación desatada, combustibles, gasolina, gas y parafina al alza y un endeudamiento familiar endémico a través de tarjetas de crédito bancarias y hasta de tiendas comerciales y grandes supermercados. Así, se hace difícil sostener la economía familiar para llevar el alimento a la mesa de sus familias, más aún cuando el Ministro de Hacienda negocia la reforma tributaria con las grandes empresas y sus dueños. El ejemplo más claro de ello es lo sucedido con la subida del royalty minero, que en definitiva está en discusión en el parlamento con un difícil pronóstico de aprobación.
Y además de todos estos hechos, se terminó de escribir el texto de la nueva constitución que será plebiscitado este próximo 4 de septiembre, fecha emblemática, pues antes del golpe, ese día se celebraban las elecciones presidenciales y fue un 4 de septiembre de 1970 que fue elegido Salvador Allende Gossen, que luego fuera derrocado mediante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Luego del estallido social de octubre de 2019, que en noviembre de ese mismo año, se firma un acuerdo por la Paz y la Nueva constitución, para llevar la movilización popular de las calles a la urnas, mediante la reacción democrática, entregando a un proceso constituyente la vieja constitución de la dictadura.
Asi, se determinaron 3 pasos de ese proceso: en primer lugar, un plebiscito de entrada, para determinar mediante el voto popular que se debía realizar una nueva constitución, que obtuvo un 80% de aprobación y un 75% de aprobación que fuera realizada por constituyentes elegidos por votación popular; luego se eligieron constituyentes en forma paritaria entre mujeres y hombres, con escaños reservados para los pueblos originarios y con listas de independientes. Esas reglas más democráticas permitieron el ingreso por primera vez en la historia de chile a los pueblos originarios a ser arte de la formación de un nuevo pacto social (Constitución), además de igual número de mujeres y hombres y con movimientos sociales, que mediante las listas de independientes ganaron una cantidad importante de constituyentes.
Y el último de estos pasos definido en ese acuerdo es el plebiscito de salida, que se debe pronunciar por aprobar la nueva constitución o rechazarla, en cuyo caso se mantendría vigente la constitución de la dictadura.
Ahora, sin lugar a dudas, la situación esta compleja pues el rechazo a la nueva constitución ha sumado fuerzas desde el conservadurismo de extrema a derecha hacia el centro político y a todos quienes desean mantener los privilegios entregados por la dictadura a las grandes empresas y sus administradores, a sectores importantes de la vieja política de los acuerdos y del sistema binominal3, que impedía ingresar al pueblo llano en la institucionalidad del Estado, aunque sea para realizar pequeñas reformas. El centro político está sumamente dividido, aunque los partidos de la vieja concertación y ex nueva mayoría, institucionalmente han determinado aprobar, liderazgos fuertes dentro de ellos llaman a rechazar, como el ex presidente Eduardo Frei (DC), o como Ricardo lagos Escobar (PS), que dirige una carta al país, criticando la nueva constitución, y que llama a la unidad sin pronunciarse formalmente por una u otra alternativa. En cambio, la expresidenta M. Bachelet, llama y se pronuncia por el apruebo y así suma y sigue en Senadores y Diputados, exministros, que se pronuncian en contra de la nueva constitución y otros que la aprueban. Como la coalición de Gobierno Apruebo dignidad, y sus socios de última hora en las elecciones, “Socialismo Democrático”, están jugados al Apruebo, con apellidos, “Aprobar para reformar”, es decir, antes de que esta nueva constitución funcione y se vea su implementación, ellos ya quieren meterle mano, para tranquilizar a la burguesía.
Chile en su historia ha tenido varias experiencias constitucionales, pero las 3 más importantes, han sido posteriores a hechos violentos, pronunciamientos o como la última derechamente un golpe militar (1973) y su constitución de 1980, todas impuestas por la oligarquía y escritas por hombres entre 4 muros. La Nueva Constitución que ahora se plebiscita, fue discutida por 155 constituyentes, electos democráticamente, de forma paritaria, 50% mujeres y 50% hombres, con escaños reservados para cada uno de los pueblos originarios preexistentes a la formación del estado chileno y además con la participación de movimientos sociales a través de listas de independientes, de modo que en ella efectivamente se expresó la diversidad de los habitantes del territorio nacional; por otra parte las normas aprobadas en pleno contaron con la aprobación de dos tercios de los constituyentes, es decir, al menos 103 de ellos las aprobaron, pero el promedio de aprobación de todas y cada una de sus normas llega a los 116 constituyentes, inédito en la historia de nuestro país, que por primera vez tiene la oportunidad de tener una constitución democrática y no impuesta sangre y fuego como las anteriores.
Sin duda, este proceso deja normas que vienen a ratificar lo que se pidió en las calles: se aumentan los derechos fundamentales, el derecho a una vida digna, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a la libertad sindical, a la huelga, a la negociación colectiva ramal; en relación a la mujer, tiene transformaciones profundas, el derecho al aborto sin necesidad de establecer causales, a la igualdad de remuneraciones, a la no discriminación, a la composición paritaria de los diferentes organismos del Estado, la desmercantilización de los derechos queda claramente expresado, en fin, sin dudas tiene valiosas transformaciones que podrán permitir una mejor vida a los habitantes del territorio y no solo de ellos, pues también se otorgan derechos a la naturaleza, a los animales y al agua, como bienes comunes inapropiables, por ello debemos seguir luchando por su implementación y de cumplir con ser un “Estado de Derecho social y democrático, solidario, paritario y plurinacional”, como lo señala su artículo número 1. Ello depende, sin duda, de lograr mediante la movilización su respeto e implementación por quienes Gobiernen.
También señalamos que esos logros fueron menores de lo que se hubiera podido lograr con la fuerza extraordinaria del estallido social del 2019 y que quedan pendientes tareas democráticas y socialistas, en materias económicas, nacionalización del gran empresariado, terminar con las fuerzas armadas represivas y formadas en la lógica de la guerra interna en la “Escuela de las Américas”, en que los soldados no tienen el legítimo derecho de no obedecer a ordenes inmorales y/o ilegales, constituyendo nuevas fuerzas de orden y seguridad, formadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos y la defensa de los derechos de los pueblos que habitan el territorio, además de nuevas formas de producir, de distribuir y de consumir, para combatir derechamente la crisis climática, económica y sanitaria que azota al planeta, pleno respeto a la los pueblos originarios y preexistentes y a su libre autodeterminación, política, territorial y administrativa.
Así y todo hubo presiones de los grupos más conservadores a los cuales se hicieron concesiones para graduar la implementación de los derechos obtenidos, dejando a leyes y reglamentos para su implementación, colocando plazo al Presidente para que envié los proyectos al parlamento dentro de 2 años y otorgando al Congreso 2 años más para su tramitación, es decir hasta el 2026, y con este congreso actual y no uno electo con las nuevas normas electorales. Por eso, debemos prepararnos para defender estas conquistas y exigir su implementación con movilización, para que no solo queden en principios y en el papel.
Es en este contexto histórico, que debemos apoyar, trabajar y obtener una gran victoria popular el 4 de septiembre, aprobando este proceso constituyente y esta nueva constitución, para seguir luchando por nuestros derechos y por el socialismo, dejando atrás el legado de la Dictadura de Pinochet y arrojando su constitución al tacho de la basura.
*Raul Devia Ilabaca, Abogado y activista social y politico
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