La situación política de Venezuela no deja de ocupar las primera plana de los diarios, aun en esta época en que una pandemia asola al mundo. Los logros económicos y sociales de la revolución bolivariana se han visto minimizados y hasta destruidos por el inclemente bloqueo económico. La inconsecuencia del gobierno de Maduro en impulsar la construcción del socialismo en respuesta a la ofensiva imperialista ha recibido critica de la población.
No ha sido la primera vez que la burguesía y el imperialismo se han equivocado al creer debilitada y hasta desaparecida la revolución bolivariana y esta, para sorpresa de propios y extraños, ante cada ataque del imperialismo ha reaccionado con vitalidad inusitada. Chávez lo repitió varias veces citando a Trotsky, “a veces es el látigo de la contrarevolución el que impulsa a la revolución”. Y ha sido más cierto que nunca en estos últimos años.
ENFRENTANDO LA AMENAZA DEL COVID-19
No hay duda que uno los más golpeados por el bloqueo económico a Venezuela es el sistema de salud. La revolución bolivariana llevó la salud a todos los rincones del país, deteniendo el proceso de desaparición de la salud pública que imprimieron los paquetes aplicados en las últimas décadas del siglo XX. La misión Barrio Adentro llevó la atención primaria directamente a las comunidades, el Estado asumió gratuitamente la atención de las enfermedades catastróficas, las farmacias suministraron gratuitamente las medicinas de alto costo que eran prohibitivas para la mayoría de la población, y los centros de distribución, como Farmapatria, garantizaron medicinas al costo a toda la población. Los estudios en Medicina son gratuitos en Venezuela, incluso hasta el nivel de Doctorado.
Pero un error, a pesar de ser mandato expreso de la Constitución de 1999, fue que no se construyó una industria de la salud para garantizar la soberanía de insumos y medicamentos. Por el contrario, el sistema de salud se hizo altamente dependiente de las importaciones y la huida del país de los monopolios farmacéuticos cerrando algunas empresas minimizó la capacidad de producción interna de insumos de salud y medicinas.
La caída de los precios del petróleo, el bloqueo económico y la retención de las cuentas del estado venezolano en el exterior, limitaron esa capacidad de adquirir medicinas y llevó a la paralización de las empresas del estado. Miles de médicos venezolanos huyeron al exterior en medio de la guerra económica atraídos por la propaganda de obtener mun mejor nivel de vida fuera del país. Países como Chile, Perú y Ecuador recibieron en un año más médicos venezolanos de lo que hubiesen sido capaces de formar en cinco años. Un ataque terrorista en 2019 destruyó depósitos que guardaban equipos y el equivalente a dos años de insumos y medicinas destinados a los hospitales públicos. Por todo eso, los técnicos de salud más optimistas colocaron a Venezuela, como el país menos preparado de la región para enfrentar la pandemia del CONVID 19.
Basados en esta situación (y las relaciones con China) el Departamento de Estado de los EEUU denunció a Venezuela como una amenaza para la región ante el contagio del corona virus por la crisis económica, política y social que afectaba su sistema de salud. Los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y de Duque en Colombia cerraron las fronteras con Venezuela cuando aún no se había detectado el primer caso en territorio venezolano. En el otro extremo, estaba Chile, presentado como la más prospera economía de la región y con un sistema de salud eficiente totalmente privatizado, el cual se colocaba como el mejor preparado para la pandemia.
Casualmente ambos países detectaron sus primeros casos el 13 de marzo, con viajeros provenientes de España (no de China). Sin embargo, el desarrollo de la pandemia desmintió los pronósticos de los técnicos de salud. A las dos semanas de haber detectado el primer caso, Chile (casi 20 millones de habitantes) tiene 2.139 casos, siete muertos y se han recuperado 75 (3,5% de los casos) mientras Venezuela (con 30 millones de habitantes) tiene 107 casos, dos muertos y han recuperado 34 casos (31,7%) recibiendo elogios de la OMS por la capacidad para atender la emergencia.
¿Qué pasó entonces?
De nuevo las fuerzas latentes de la revolución hicieron posible el milagro. Ante la inexistencia de vacunas, de medicinas probadamente efectivas para la prevención y/o curación y con un vector de expansión tan violento como el del corona virus, la única posibilidad de detener el crecimiento exponencial del contagio es con el mayor aislamiento. Y aunque parezca una paradoja la única forma de inmovilizar al país es sobre la base de la mayor movilización social.
El gigantesco entramado de organizaciones sociales de base en las comunidades, construidos en años de revolución y resistencia al bloqueo imperialista hizo posible una cuarentena social voluntaria. Las comunidades se han encerrado sobre si mismas limitando la circulación interna solo para compras, se ha impuesto la obligatoriedad del uso en la calle de mascarillas y guantes. La propia comunidad garantiza la asistencia para los adultos mayores que viven solos, la detección de los casos sospechosos por presentar síntomas y el cierre total (cuarentena cerrada) en donde se han detectado casos. El sistema de salud revisa las personas casa por casa apoyado en la organización vecinal. Las ciudades has sido divididas en cuadrantes y solo el personal médico puede pasar de un cuadrante a otro. El comercio de alimentos y artículos de primera necesidad ha sido restringido a horarios específicos dentro de cada cuadrante. Eso solo es posible por la más profunda organización vecinal de todo el continente.
Todos los gobiernos desde México hasta la Patagonia se han preocupado por los efectos desbastadoras de una cuarentena en la economía, limitando el efecto de las medidas, reduciéndolas a exhortos y no obligaciones, e incluso algunos presidentes han minimizado la peligrosidad del virus, presionados por el miedo a las consecuencias económicas de una paralización. Miles de trabajadores salen a la calle todos los días para ir a sus empleos mal cubiertos con tapabocas reciclados, o a veces sin ellos, porque no los pueden comprar o no los hay, porque si no trabajan no tendrán con que llevar comida a la casa. Otros ya perdieron el empleo y muchos viven amenazados con que lo perderán porque donde trabajan cerraran por quiebra. Mientras la burguesía se refugia en sus casas e exige de los gobiernos que la economía no se paralice, y que la gente trabaje aun a riesgo de sus vidas.
En Venezuela, la cuarentena social y voluntaria, paralizó todas las actividades salvo las de distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, así como servicios esenciales. La distribución de mascarillas y guantes son gratuitas y en las comunidades se organizan para la desinfección de espacios comunes y fabricación de mascarillas. El Estado ha garantizado la distribución gratuita de alimentos básicos (CLAP), el pago de un salario mínimo a los trabajadores por cuenta propia y subsidio a la pequeña y mediana empresa, así como los comercios para el pago de la nómina de los trabajadores mientras dure la cuarentena. Se impuso una inamovilidad laboral que prohíbe el despido de cualquier trabajador. El estado al servicio de la protección de la vida de la población, no de la ganancia de la burguesía. La acción sincronizada de la organización popular, el gobierno y las instituciones militares y policiales para enfrentar la amenaza del corona virus no ha ocultado la dura critica de la población hacia el gobierno que se puede oír en las colas para adquirir alimentos “si así se enfrentara el bloqueo y el saboteo hace tiempo los hubiésemos derrotado”.
Hace poco la prensa internacional hizo burla de que el Presidente Maduro había recomendado una infusión de té negro, limón y jengibre, como cura del corona virus. Realmente no lo anunció como cura sino como una fuente de vitamina C para prevenir el contagio. Entrevistado el representante local de la OMS por la prensa internacional para insistir en la burla contra Maduro indicó “realmente no cura el corona virus, pero es alentador ver como después de las indicaciones del presidente todo la población lo prepara y lo toma, esa es la disciplina necesaria para combatir una epidemia”. Esa es la fuerza de la revolución popular.
LA PLAGA MAS PELIGROSA: EL GOBIERNO DE TRUMP
Con la crisis del corona virus, no se prestó atención al último fracaso de la oposición venezolana en el llamado a derrocar a Maduro el 10 de marzo. La derrota hizo que varios indicaran, dentro de la misma oposición, que la vía de la confrontación directa “estaba agotada“ y había que retomar el dialogo como salida. En medio de la cuarentena social, Guaidó está desaparecido. Ochoa Antich y Henrique Capriles, voceros de la oposición, llamaron abiertamente al dialogo para un acuerdo nacional contra el corono virus.
El bloqueo a la compra de medicinas en medio de la pandemia levantó voces de protesta en la Unión Europea y de la propia Bachelet, enemigos del gobierno bolivariano. Una estrategia conjunta de Cuba y Venezuela contra el bloqueo, en medio de la pandemia empezó a ganar adeptos en la comunidad internacional. El gobierno de México y de Argentina pidieron una convocatoria de la CELAC para una actuación conjunta contra la pandemia exigiendo de entrada el levantamiento de los bloqueos a Cuba y Venezuela.
Pero realmente la ofensiva contra la revolución bolivariana no cesa. La derrota de su último intento sólo confirmó lo que ya varios voceros internos del imperialismo venían diciendo, o sea, la casi imposibilidad de derrotar a la revolución desde adentro. Eso llevó a colocar en la mesa otra alternativa que nunca han descartado: la intervención militar desde afora.
El 25 de marzo fue detenido en territorio colombiano un vehículo que se dirigía a la frontera venezolana con un arsenal de armas de guerra. El gobierno y la prensa colombiana hicieron mutis sobre el hecho, pero el gobierno venezolano que tiene infiltrado hasta los círculos más cercanos al presidente Duque publicó la noticia con lujo de detalles, incluyendo el interrogatorio al detenido realizado por la policía colombiana.
Venezuela informó que se había puesto al descubierto tres campos de entrenamiento paramilitar en Colombia, cerca de las fronteras con Venezuela, operados por mercenarios de EEUU (contratistas) bajo la dirección de un ex general del ejército bolivariano, Cliver Alcalá, fugado a Colombia en el 2017. Aunque el gobierno colombiano guardó silencio ante la noticia, los medios colombianos abordaron a Cliver, quién aseguró que las armas habían sido adquiridas legalmente en Colombia en un contrato firmado por Guaidó del que los gobiernos de Colombia y EEUU tenían información.
El escándalo por el arsenal de guerra, el entrenamiento de mercenarios por EEUU y la amenaza de ataques militares contra Venezuela en medio de la pandemia no duró mucho. Al día siguiente de la confesión pública de Cliver, el Fiscal General de los EEUU acusó a varios miembros del gobierno de Venezuela de ser dirigentes de una red de narcotráfico que introdujo en EEUU más de 250 toneladas de cocaína el año pasado, ofreciendo públicamente una recompensa de entre 10 y 15 millones de dólares por la captura de esas personas.
Si no fuera grave la amenaza, la sola denuncia causaría risa. Colombia fábrica el 70% de la cocaína del mundo y cubre el 90% del consumo en EEUU, a pesar de las nueve bases militares norteamericanas en su territorio destinadas a la vigilancia de la producción y distribución de drogas. Sin embargo, el gobierno de Venezuela, sin intermediarios, seria capaz de entrar a Colombia, retirar 250 toneladas de cocaína e introducirlas en territorio norte-americano a pesar del bloqueo económico que le tiene impuesto desde hace varios años. Es una burla.
De acuerdo al Fiscal General de los EEUU, las personas señaladas, la mayoría con altos cargos en el gobierno venezolano operan sin intermediarios. Sin embargo, no les ha sido detectado ni un solo metro cuadrado destinado a la siembra de coca, ni un solo laboratorio, ni un solo cargamento, ni un solo centro de distribución en EEUU, ni una operación de lavado de dinero. Ante la ausencia de pruebas el Fiscal se remite a “fuentes confiables”.
Pero llama la atención, que entre los acusados se encuentran Cliver y Carvajal, dos generales fugados del Ejercito Bolivariano hace varios años, que rápidamente salieron a “entregarse” ante la justicia norteamericana. Casualmente Carvajal ya se había “entregado” hace cuatro años y estaba libre, y Cliver confesó la semana anterior dirigir operaciones militares contra Venezuela con apoyo de EEUU y Colombia. Obviamente la “entrega” es un falso positivo de dos “generales” que estarián dispuesto a colaborar con el gobierno de EEUU otorgando información sobre sus “jefes”. Vaya comedia. Un montaje al estilo del usado contra Noriega que gobernaba Panamá en la década de los noventa.
La amenaza de EEUU dá carta blanca a las operaciones militares de contratistas contra miembros del gobierno venezolano, intentando reforzar el apoyo político internacional al bloqueo que se estaba debilitando en el marco de la pandemia, y reanimar el cuadro interno de la oposición destruido como nunca después del último fracaso.
No es de descartarse entonces un ataque militar contra Venezuela del ejercito de EEUU o de los contratistas – que es el ejército paralelo que ha usado en los conflictos en el Medio Oriente – mientras el pueblo venezolano está enfrascado en derrotar a la amenaza del corona virus. La solidaridad internacional debe estar alerta ante esta amenaza. Es obvia la ventaja militar de EEUU sobre Venezuela, pero hasta ahora la fuerza del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana ha salido indemne a todos los ataques. Puede ser entonces, que los EEUU se den con una piedra en los dientes, y la fuerza de la revolución bolivariana los haga arrastrar en el polvo como lo hizo el pueblo vietnamita en los años setenta.
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