Dos años después: Diez argumentos para comprender el golpe jurídico-parlamentario

El tiempo perdido no se recupera

La fortuna se cansa de traer siempre a la espalda al mismo hombre.

Sabiduría popular portuguesa

Las explicaciones monocausales para los cambios desfavorables que abrieron la situación defensiva, con elementos reaccionarios, en que vivimos desde, al menos 2016, no son convincentes. El tema es demasiado complejo para formular hipótesis que privilegien o reposen en un solo factor. Hay que aprender de las derrotas. Las interpretaciones unilaterales, incompletas, conducirán a conclusiones erróneas. La explicación debe ser pluricausal. No fueron, esencialmente, las políticas anticíclicas del gobierno de Dilma Rousseff, las que explican su caída. Aunque fuese cierto que una fracción de la clase dominante, en especial el capital financiero, era muy crítica antes de 2015, esta crítica no era hegemónica. Esta explicación, casi unánime en los círculos liberales y reaccionarios, y con alguna influencia en medios de izquierda, es una “cortina de humo” y, por lo tanto, es falsa.
La operación Lava Jato abrió hace cuatro años la lucha entre dos fracciones de la clase dominante: aquella que quiere mantener el sistema partidista más o menos intacto, y aquella que decidió desplazar al PT y reformar el régimen político, “cambiando la rueda con el coche en movimiento”. La burguesía no es una clase con intereses y posiciones económicas y políticas monolíticas. Ninguna clase social tiene un “comité central”. El régimen democrático-electoral es más cómodo para la burguesía, justamente, porque fortalecen libertades democráticas para que sus diferentes fracciones puedan disputar la defensa de sus intereses inmediatos, y sus apuestas estratégicas, en espacio público. La superestructura empresarial y política giró poco a poco hacia el impeachment, pero finalmente, en pocos meses, la clase dominante se unificó y decidió apostar al golpe, bajo presión de la movilización de los sectores medios impulsada por la extrema derecha, fundamentalmente, en función del resultado de 2014; de la dificultad de la alternancia electoral frente al prestigio del PT y de Lula; del estancamiento económico provocado por la caída de las inversiones como consecuencia de la tasa media de ganancia; y de la presión de una fracción del imperialismo que condicionó inversiones en Brasil a la reducción de los costos productivos: peso fiscal del Estado, proporción deuda pública/PIB, y elevación del salario medio por encima de US$ 700,00.
Los gobiernos, incluso los gobiernos de colaboración de clases y de coalición, inclusive en Brasil, no caen porque dejaron de tener apoyo unánime en la clase dominante. Los apoyos unánimes son raros hasta cuando son gobiernos de partidos de representación directa del capital. Pueden mantenerse indefinidamente con el apoyo de algunas fracciones. Solo están amenazados de caída cuando la burguesía se une y pasa en bloque a la oposición y tiene luz verde de una fracción importante imperialista. Aun así es necesario alimentar una subversión social para derrocar al gobierno.
Los gobiernos no caen, en regímenes presidenciales de países de la periferia, porque han perdido la popularidad. Tienen que ser derribados. Si la impopularidad fuese un factor suficiente para derribar gobiernos electos, el gobierno Temer ya habría sido defenestrado el año pasado, tras la divulgación de las grabaciones en el garaje del Palacio. Y no cayó. Aguantó el juicio en el STE y dos votaciones en la Cámara de Diputados. Para que eso acontezca es necesaria una movilización social muy fuerte que abra el camino. Sin esta intervención, el Congreso y la Justicia no alcanzan la legitimidad para que puedan resolver la crisis de gobernabilidad, sacrificando al gobierno, pero preservando el régimen político. Es necesario, también, que el gobierno de turno no tenga capacidad de defenderse apoyado en su base social, neutralizando las presiones por la interrupción del mandato.
No fue tampoco el giro del MDB hacia la oposición, ni la conspiración de Temer conduciendo a Eduardo Cunha a la presidencia de la Cámara de Diputados lo que explica, en lo fundamental, el golpe jurídico-parlamentario. Tampoco fue el giro de los banqueros, o de la Fiesp, lo que explica la inversión de la situación política, la caída de Dilma, o la prisión de Lula. Todo esto contó, pero fueron factores superestructurales. Interpretaciones que valoran excesivamente la operación de la lucha de partidos en la superestructura de la sociedad flirtean peligrosamente con concepciones conspirativas de la historia. La lucha de partidos tiene un gran lugar en la historia, pero no sustituye a la lucha de clases. El papel de los individuos tiene también su lugar, pero sólo muy excepcionalmente, o sea, en situaciones revolucionarias o contrarrevolucionarias, alteran el curso cualitativo de los acontecimientos.
Si no hubiesen salido millones de personas de los sectores medios enfurecidas a las calles, con el pretexto de apoyar la operación Lava Jato, derrocar al gobierno, Dilma Rousseff no habría sufrido el impeachment, en función de las llamadas “pedaleadas fiscales”. La cuestión clave debe ser el análisis de la multiplicidad de factores que empujaron a la clase media hacia la campaña de derrocamiento del gobierno. Se produjo un proceso lento de desplazamiento de los sectores medios hacia la oposición, sobre todo, durante el primer mandato de Dilma Rousseff. Se expresó en las calles en junio de 2013. La explosión de junio de 2013 fue un fenómeno complejo, por lo tanto, policlasista. Los sectores medios, con audiencia de masas, liderados por grupos de extrema derecha salieron también, a las calles. Por eso hubo combates tan violentos contra las banderas rojas. No fueron solamente los sectores más escolarizados de asalariados urbanos los que se sintieron motivados, después de la represión, las marchas contra los aumentos de pasajes. Aunque, en general, prevalecieron reivindicaciones progresivas, una parte del malestar social de los sectores medios estuvo presente.
En 2015/16 estas franjas medias volvieron a las calles, ahora furiosamente disconformes con la victoria electoral del PT en 2014, y provocados por la inflación en alza de la educación y salud privadas y demás servicios, por el endeudamiento de las familias, por la tendencia de caída del salario medio de la escolaridad superior, por el estancamiento del crecimiento, por el peso creciente del IRPF (Impuesto a la Renta de la Persona Física), por el crecimiento de la criminalidad, y, finalmente, por el bombardeo de las denuncias de corrupción. Los errores de los gobiernos liderados por el PT, no sus aciertos, empujaron a la inmensa mayoría de la clase media a los brazos de los líderes burgueses. La burguesía brasileña pasó a tener, por primera vez después de medio siglo, la hegemonía en las calles.
Por otra parte, lo que, desde una perspectiva histórica, merece ser considerado excepcional fue la victoria electoral del PT para la presidencia, por cuatro veces consecutivas. La victoria de Lula en 2002 remite a las luchas de la década de los ochenta y al desgaste social acumulado después de los dos mandatos de FHC. Pero las tres victorias electorales siguientes solo fueron posibles en función del contexto externo extraordinario de valorización del precio de los commodities, que ofreció el fundamento para las tasas de crecimiento económico que fundaron la estrategia “gana-gana” de las políticas sociales que llevaron a la clase dominante a sostener a los gobiernos liderados por el PT, incluso después del escándalo del “mensalão”, y ampliaron la base social del lulismo. La tendencia del capitalismo contemporáneo no es la ampliación de reformas. Lo que pasa es lo contrario incluso en los países centrales. No comprender estas restricciones históricas a la concesión de reformas solo podrá alimentar las ilusiones políticas de que una nueva experiencia de conciliación de clases merece ser replicada.
La incapacidad del PT y del lulismo de levantar una movilización de los trabajadores y de los sectores populares, a la altura del desafío planteado por la campaña por el impeachment de Rousseff, es una de las claves de comprensión de las derrotas que vinieron luego, hasta la prisión de Lula. Cuando se decidieron a ir a las calles, ya era demasiado tarde. La lucha política tiene sus tiempos. Y la dirección del PT y Lula tuvieron mucho tiempo para decidirse, porque el golpe palaciego fue articulado, a diferencia de Paraguay, en “cámara lenta”. Entre la carta de ruptura de Michel Temer, la renuncia de Joaquim Levy, al final de 2015, el giro de la Fiesp y la unificación de la burguesía, y las movilizaciones de algunos millones de “amarillitos” en marzo/abril, hasta la votación del ” impeachment en mayo de 2016, existió un espacio de seis meses. No pudieron defenderse porque, incluso, cuando estaban siendo acorralados por la presión burguesa, apostaron por la vía de las negociaciones, una elección políticamente suicida. ¿Por qué?
Este es otro tema pluricausal. Las explicaciones monotemáticas no son convincentes. Pesó la increíble decisión del PT y de Lula de privilegiar las alianzas en el Congreso Nacional, y de negar apoyarse en la movilización popular durante sus trece años de gobierno, hasta la hora del golpe; pesó el malestar en la clase trabajadora organizada ante el giro político de Dilma Rousseff a partir de la victoria de 2014, aceptando los chantajes burgueses por un ajuste fiscal que no podría dejar de tener secuelas recesivas graves; pesó la dificultad de movilización de la amplia mayoría del pueblo pobre que no tiene instrumentos de autoorganización; pesó la extrema burocratización de los sindicatos, aún hoy, la red más poderosa de organizaciones de representación de la clase obrera y del pueblo; pesó la fragilidad orgánica del PT, todavía el mayor partido, pero que se ha convertido en un aparato electoral profesional, impotente ante la tarea de llevar a millones a las calles. Lo que, sin embargo, es cierto es que las derrotas estimulan reflexiones sobre la responsabilidad de los dirigentes. Así como la derrota de 1964 abrió una crisis en el PCB, la derrota de 2016 ya abrió una crisis en el PT que no podrá ser contenida. Lula es un preso político frente a la Lava Jato. Pero no es inocente ante la tragedia económico-social que se abate sobre el destino de decenas de millones que sufren las secuelas del gobierno Temer. Sin crisis, nada se transforma. La reorganización de la izquierda brasileña está apenas empezando. Y el futuro pasa por la Alianza impulsada por el PSOL y el MTST.