Venezuela es un país fracturado social y políticamente desde hace décadas. Las claves, en perspectiva histórica, para entender la situación, telegráficamente, son diez: (a) la represión despiadada y asesina del Caracazo en 1989; (b) la aparición de un movimiento nacionalista de izquierdas en los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, y el derrotado levantamiento militar liderado por Chávez en 1992, que le llevó a la cárcel porque asumió toda la responsabilidad; (c) la destitución de Carlos Andrés Pérez acusado de corrupción en 1993; (d) la elección de Chávez en 1998, y la aprobación de una nueva Constitución en 1999; (e) la derrota del intento de golpe militar que encarceló a Chávez, apoyado y reconocido por EE. UU. en 2002, que precipitó una situación revolucionaria; (f) el asedio económico imperialista, durante veinte años, que se apropió incluso de las reservas de Venezuela depositadas en bancos en el exterior; (g) la muerte prematura de Chávez en 2013, un liderazgo insustituible porque adquirió autoridad mesiánica; (h) la toma de posesión de Maduro en 2013, en las primeras elecciones sin Chávez, reelegido en 2018 para otro mandato de seis años, el desgaste político del dominio monolítico del Estado por el PSUV y, como consecuencia, el endurecimiento bonapartista del régimen en manos de una casta político-militar privilegiada; (i) el apoyo sistemático de EE. UU. a las tácticas golpistas de una oposición burguesa que se ha radicalizado como neofascista, ha boicoteado las elecciones e incluso ha apoyado la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en 2019, reconocido por EE. UU. y sus aliados; (j) la inmigración de al menos el 20% de la población desde 2015, algo así como 5.5 millones de personas, tal vez hasta 7 millones, la mayoría pobres, pero también una enorme proporción de las clases medias más educadas, ingenieros y profesionales especializados que han huido del país.
La cuestión central de la situación en Venezuela ha sido y sigue siendo la apropiación de los ingresos del petróleo. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo y gas del mundo: es su privilegio y su maldición. EE. UU. quiere un acceso estratégico sin restricciones, lo que es incompatible con un Estado independiente. El cerco imperialista del bloqueo es la principal explicación de la crisis económica de alta inflación, escasez, disminución del PIB, desempleo y reducción de la producción petrolera y migración masiva.
Venezuela está bajo boicot. Cuba soporta el bloqueo estadounidense desde los años sesenta. Ningún país dependiente podría haber soportado condiciones tan terribles durante tanto tiempo sin una crisis crónica. Durante la primera década del siglo XXI, hasta 2013, el país se benefició en el comercio internacional del alza de los precios de las materias primas, lo que favoreció diversas políticas públicas de transferencia de renta que redujeron la pobreza, pero no la desigualdad social. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre sigue siendo de casi 35 veces. Los últimos diez años han sido terribles. La caída del 70% del PIB entre 2013 y 2019 fue devastadora. Aproximadamente el 50% de la población del país se encontraba en situación de pobreza en 2023.
Es necesario mantener la mente clara y reconocer también que: (a) la clase capitalista fue, durante generaciones, una burguesía compradora, nunca abrazó ningún proyecto de desarrollo, e intermediaba el acceso de los centros capitalistas al petróleo que representa al menos el 30% del PIB y el 80% de las exportaciones; (b) a pesar del discurso nacionalista bolivariano, expresión de la radicalización de un sector de la oficialidad media contra la pobreza y la corrupción que arrastró a grandes masas populares, Venezuela mantiene una economía capitalista con fuerte regulación estatal a través del control de PDVSA, y el país nunca estuvo en transición al socialismo; (c) después de dos décadas, se ha formado una casta burocrática civil y militar, la boliburguesía, que a través de sus relaciones con el Estado, especialmente después de la muerte de Chávez, se ha enriquecido con la formación de empresas; (d) las Fuerzas Armadas son uno de los pilares del régimen y no hay fisuras en la alta oficialidad después de la derrota del golpe de 2002, lo que ha garantizado la represión de las luchas populares y el silencio o la invisibilidad de la izquierda crítica; (e) los sondeos de opinión para las elecciones del domingo 28 de julio son sesgados y no merecen credibilidad, pero el régimen tiene una base social real, al menos cuatro millones de personas están organizadas y movilizadas y, en 2018, a pesar de una abstención del 54%. Maduro fue elegido por 6.2 millones. El resultado parece impredecible y posiblemente el resultado sea ajustado, dependiendo de si la participación es superior o inferior al 50%. Hay 20 millones de electores habilitados para votar.
La oposición liderada por María Corina Machado, que presentó la candidatura de Edmundo González, es un movimiento neofascista de extrema derecha, pero con una narrativa «épica» de «lucha contra una dictadura». La campaña para normalizarla como una candidatura en defensa de la democracia es falsa y deshonesta. Financiados por la burguesía «histórica», se apoyan en la movilización de la clase media, mayoritariamente blanca eurodescendiente, en un país donde la mayoría es mestiza, pero arrastran a sectores populares desesperados porque se han apropiado de la bandera de la esperanza del «cambio». Abogan por privatizarlo todo, empezando por PDVSA, y encarcelar a Maduro. Si ganan, prometen que volverán los emigrados, y hay millones de familias con parientes en el extranjero. La gravedad de la situación es tal que grupos de la izquierda moderada, como Héctor Navarro, ex ministro de Chávez, y la Plataforma por la Defensa de la Constitución, entre otros, han decidido llamar a votar por Edmundo González. En una elección plebiscitaria entre Nicolás Maduro y Edmundo González, aún con una valoración radicalmente crítica del autoritarismo bonapartista, la neutralidad es complicidad con el imperialismo y la ultraderecha.
Maduro está al frente de un gobierno independiente y de un régimen bonapartista sui generis, como el de Péron en Argentina. No es un vasallo semicolonial como el gobierno de Milei. Los gobiernos se definen como de izquierda, centro, derecha o extrema derecha, pero estas caracterizaciones son ligeras. Tienen un significado limitado, casi instrumental, porque son didácticas. En lenguaje marxista, deberían definirse a partir del lugar que ocupan en el sistema internacional de Estados, considerando un análisis de clase del bloque político-social que sustenta su proyecto y de la forma institucional del régimen en el que se insertan. El concepto de «gobierno independiente» en un sistema internacional imperialista de Estados es útil para comprender el tipo de relación que mantiene con los centros de poder en el mundo. Los gobiernos independientes son raros, excepcionales y, por lo tanto, inestables. El gobierno de Maduro es un gobierno burgués, apoyado por el ejército y una fracción capitalista en formación, la «boliburguesía». Pero lo que está en juego en Venezuela no es la lucha por la democracia, sino el control del petróleo y del país. Si gana la oposición de extrema derecha, no habrá libertades democráticas. Habrá un despiadado revanchismo contrarrevolucionario. Lo que está en juego es el control de PDVSA.
La caída del gobierno por una victoria electoral de la oposición de ultraderecha sería una catástrofe política y social para los trabajadores y el pueblo de Venezuela. ¿Mayor que la permanencia de Maduro en el poder? Sí, exactamente. Mucho mayor. Una victoria de la contrarrevolución probablemente llevaría al menos una generación antes de que pudiéramos volver a pensar en una revolución en Venezuela. Cambiaría el equilibrio de poder en América del Sur de una manera muy desfavorable, fortaleciendo el neofascismo a través de las fronteras. Hay buenas razones para pensar que lo que vendría tras una victoria de Edmundo González, comparado con la tragedia que ha sido el gobierno de Bolsonaro, sería mucho peor.
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