Esquerda Online, editorial, 30-10-2021
Traducción de Correspondencia de Prensa
En una reunión en Río de Janeiro (15 de octubre), varios líderes de los camioneros indicaron el día 1° de noviembre para el inicio de una nueva huelga nacional de la categoría. Tras varias amenazas de paralización que no se confirmaron en el último periodo, surgieron sospechas sobre el potencial real de la huelga. Sin embargo, las declaraciones de los dirigentes del sector, el clima de alto descontento entre los camioneros y las cínicas declaraciones del gobierno de Bolsonaro sobre el aumento de precios han echado más y más leña al fuego de la movilización de estos trabajadores fundamentales en la circulación de mercancías en Brasil.
“Ha llegado un momento en que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro necesita elegir. O los accionistas, o los camioneros y la clase media. Tiene 15 días para elegir”, dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos a Motor (Abrava), Wallace Landim. Añadió en una entrevista al portal UOL: “Durante la campaña política para presidente habló mal de Temer. Y hoy está ahí y no hace nada. Esto es lo que observa la categoría”.
El estancamiento se produce en medio de subidas históricas de los precios de los combustibles. Según datos del Observatorio Social de Petrobras (OSP), el gasóleo, el GNC, el GLP (gas de cocina) y la gasolina alcanzaron un valor real récord en la serie histórica, siendo los precios más altos del siglo XXI. El elevado precio del combustible calienta la inflación de casi todos los productos del país, erosionando los ingresos -sobre todo- de los trabajadores más pobres. (HYPERLINK: www.observatoriopetrobras.com)
Bolsonaro amenaza con privatizar la petrolera
La respuesta del gobierno federal fue la peor posible. Ante la posibilidad de una huelga de camioneros, Petrobras respondió con un nuevo aumento de los precios del combustible (+ 9,15% para el gasóleo S-10 y + 7,04% para la gasolina). Para evitar el desgaste que viene sufriendo el gobierno en el mercado financiero, Guedes y Bolsonaro agitaron la semana pasada con declaraciones favorables a la privatización definitiva de Petrobras.
Tanto si esta amenaza es una cortina de humo como si no, la propuesta debe ser tomada en serio por la clase trabajadora, ya que la transferencia definitiva de Petrobras al mercado financiero haría que los precios se descontrolaran aún más en los próximos años. El carácter estatal que aún predomina en la empresa, incluso bajo una política privatista, permite, como mínimo, la inspección y la presión de la sociedad. En vista de ello, los trabajadores del petróleo comenzarán en las próximas semanas a celebrar asambleas para discutir una posible huelga en resistencia a la privatización.
Cinco años de política de precios de Petrobras del PPI
Detrás de las subidas de los carburantes y de la inflación descontrolada está la política de precios de paridad de importación (PPI) de la actual dirección de Petrobras, que pretende privatizar el mercado de derivados del petróleo en Brasil. Esta determinación de la empresa, que cumplió exactamente 5 años este octubre de 2021, hace que, a pesar de tener petróleo nacional y una empresa estatal capaz de planificar la refinación y garantizar el suministro de estos productos a costos nacionales, la población brasileña esté expuesta a la variación de precios del mercado internacional de derivados.
El gobierno culpa al ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) y dice que no es posible revertir esta situación ya que Petrobras no sería financieramente sostenible sin el PPI. Sin embargo, la tasa de ICMS se ha mantenido igual al menos desde 2015. Y, hasta 2016, año en que se implementó el PPI, la estatal Petrobras siempre garantizó el suministro de derivados en el país con precios más cercanos a la realidad de la población brasileña. Actuando de forma integrada, la empresa estatal utilizó parte de los recursos excedentes de la producción de petróleo para maximizar su producción nacional de derivados, planificar la ampliación de su capacidad de refinado, invertir en energías renovables y contribuir a garantizar la soberanía energética del país. Y todo esto incluso antes de que el Presal (Reserva de petróleo y gas natural ubicada en aguas profundas, descubierta en 2008 durante el segundo mandato de Lula: ndt)) fuera una realidad.
A partir de 2016, se aceleró el proceso de desmantelamiento de la estatal Petrobras. Y con la adopción del PPI, todas las variaciones del mercado internacional del petróleo empezaron a trasladarse inmediatamente a la población. La huelga de camioneros de 2018 es una consecuencia directa de este proceso. El margen de beneficio aplicado por Petrobras por litro de gasóleo alcanzó el 150%. Para poner fin a la huelga, el gobierno de Temer hizo algunas concesiones paliativas, pero el proceso de desmantelamiento de Petrobras y la privatización del sector siguió avanzando.
Tampoco puede resolver el problema la insinuación de Bolsonaro de incorporar a 750.000 camioneros a Auxílio Brasil. Con el crecimiento desenfrenado de la inflación, esta ayuda no tendrá un efecto tan significativo. Según datos de la propia Petrobras, el precio actual aún está rezagado cerca de un 20% en relación con el valor considerado ideal por el mercado, es decir, aún hay margen para nuevas subidas. Además, el coste de un depósito lleno de gasóleo es muy superior a los 400 reales. La categoría de los camioneros respondió con lucidez, señalando que lo que necesitan es dignidad y mejoras estructurales en sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, la lucha contra el PPI y en defensa del parque de refinerías brasileño es parte integral de la agenda de reivindicaciones de la categoría.
Enfrentarse a la amenaza de la privatización es luchar contra los altos precios
Es necesario construir una articulación unificada entre todos los sectores políticos y sociales preocupados por combatir el hambre, la pobreza y el saqueo de las riquezas nacionales, para resistir la criminal política de precios y la amenaza de avanzar en la privatización de la mayor empresa estatal de América Latina. Apoyar y alentar la lucha de los camioneros es una necesidad en este momento, a pesar de las contradicciones políticas que implica la relación de una parte de este segmento con el bolsonarismo.
Es necesario que las distintas organizaciones de la izquierda, los sindicatos y los movimientos sindicales apoyen e impulsen la organización y la resistencia de los camioneros, los trabajadores precarios urbanos, como los conductores de app, los repartidores y los mensajeros en moto que se ven casi impedidos de trabajar con el aumento del precio del combustible. Es necesario avanzar en la articulación con los movimientos populares, las asociaciones de vecinos, los movimientos de lucha contra las opresiones y las familias que están siendo directamente afectadas por el aumento de la inflación y el precio de la bombona de gas; así como combinar este trabajo con la promoción de la lucha de los trabajadores del petróleo, que han defendido nuestra soberanía durante tantas décadas.
Pero sigue siendo necesario construir un programa de reversión de las privatizaciones y de control social de los precios de los carburantes que sea aplicado por un eventual futuro gobierno de izquierdas. Lula debe liderar a partir de ahora esta resistencia junto con los movimientos sociales.
Los que tienen hambre tienen prisa, no basta con esperar a 2022. Si no hay unidad entre todos los grupos afectados por los altos precios, será muy difícil encontrar una salida para el país. Es el papel de la izquierda fomentar esta unidad y construir acciones para derrocar a este gobierno y evitar que Petrobras sea privatizada definitivamente, lo que haría que los precios de los combustibles subieran aún más.
Comentários