Días pasados se daba a conocer que fueron llamados a declaración indagatoria quienes estuvieron al frente de la organización de una caravana de vehículos en el micro centro de Asunción en señal de protestas contra los actos de corrupción que se producen en el marco de sobrefacturaciones de las compras de insumos médicos y licitaciones amañadas de otros suministros en el marco de la pandemia.
Es decir, la respuesta desde el Estado es criminalizar a quienes alzan su voz contra los actos de corrupción de las autoridades usando como justificativo el incumplimiento a las disposiciones sanitarias aludidas en la ley de emergencia en torno a la prohibición de aglomeraciones.
Existen varias razones para entender la arbitrariedad de estos llamados a declaración indagatoria. La primera de ellas es que la Ley de emergencias no se equipara a una situación de estado de excepción y, en consecuencia, esta ley no veda ni restringe ningún derecho constitucional como el derecho a la protesta. Esta tesitura la sostuvieron renombrados periodistas, como Vargas Peña, en alusión al libre tránsito con relación al conflicto suscitado por la barrera policial y el desenlace de la tentativa de homicidio de un menor la semana pasada.
En segundo lugar, en la protesta realizada por las personas que se manifestaban en caravanas, estas guardaban las precauciones sanitarias requeridas por el Ministerio de Salud como el distanciamiento de más de 2 metros, así como el uso de tapabocas. Es decir, las mismas ejercían su derecho constitucional a la protesta previendo todas las medidas de bioseguridad en el marco de la situación sanitaria que se atraviesa.
En tercer lugar, si la acción de protestar tomando las medidas de higiene y cuidado necesarias es pasible de una sanción penal, también las serían acciones como las de viajar en bus, estar en el vehículo en la fila de un semáforo, salir a caminar por el centro de la ciudad donde circulan un montón de personas haciéndose inevitable por momentos las distancias de los dos metros entre las mismas, trabajar en establecimientos que por su infraestructura no permite el distanciamiento permanente, en fin, un montón de conductas como las descriptas tendrían relevancia jurídico-penal, lo que es un completo absurdo.
La causa penal abierta a los manifestantes de la caravana tiene como intención el amedrentamiento al conjunto, meter miedo para prevenir otras manifestaciones y regimentar así a la población para tenerla disciplinada aceptando sin chistar las trapisondas de este gobierno y sus medidas antipopulares.
El mensaje del gobierno para los trabajadores es muy claro, la reforma estatal se va aplicar y si salen a protestar el sistema penal les caerá como castigo a su osadía. Al gobierno le decimos que no tenemos miedo a sus imputaciones, la clase trabajadora está harta de los hechos de corrupción y las medidas arbitrarias de este gobierno contra los intereses populares.
Mal que les pese, a ejemplo del pueblo chileno y norteamericano saldremos a manifestarnos contra la reforma estatal calibrada a sus intereses y en desmedro del pueblo trabajador.
Comentários