El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, la dictadura de Trujillo torturaba y asesinaba a las hermanas Patria, Teresa y Minerva Mirabal, “las mariposas”, reconocidas activistas contra la dictadura y en defensa de los derechos humanes.
Esa fecha fue elegida para conmemorar en todo el mundo el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, ya que en ellas, además de la violencia política, se expresaba la saña de un sistema que pretendía disciplinar a las mujeres que rompían con los mandatos patriarcales y abandonaban el hogar para luchar en las calles, territorio vedado para nosotras. Así fue también con las miles de detenidas desaparecidas en nuestro país, que además de la violencia de la tortura sufrieron violaciones y agresiones sexuales para mostrar la dominación sobre sus cuerpos, el “castigo” a las que se rebelaban contra lo establecido.
Sesenta años después, seguimos hablando de asesinatos y agresiones sexuales contra activistas y militantes, como Marielle Franco, Berta Cáceres, las niñas asesinadas por el Estado Paraguayo, acusadas de “guerrilleras”, las presas políticas de la revuelta en Chile…
En nuestro país, la violencia contra las mujeres se ha ido visibilizando e instalando en la agenda política a partir de la lucha inclaudicable del movimiento de mujeres, que dio un salto en el 2015 a partir de ese grito de Ni una Menos, que atravesó las fronteras del mundo y señaló con claridad el problema: el patriarcado mata.
La pandemia mundial vino a agravarlo todo, y mostró con crudeza cuánto menos valen nuestras vidas para el capitalismo patriarcal, cómo los costos de esta crisis económica, social, sanitaria, nunca vista antes, se descargan con mayor peso sobre las mujeres y disidencias sexuales, doblemente explotadas, precarizadas, endeudas, sometidas al recrudecimiento de la violencia “en casa” y la violencia institucional, al frente de la organización de la supervivencia en los barrios más vulnerados, dejando la vida en ello…
La violencia machista no es una “pandemia”, sino una cultura que se basa en la dominación de un género sobre otro, en la idea de que nuestros cuerpos no nos pertenecen y por eso se pueden tocar, se pueden violar, se pueden matar. El gran salto en la conciencia colectiva del movimiento feminista ha sido ligar la lucha contra los feminicidios con la exigencia del aborto legal, seguro y gratuito, ya que recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, hoy en manos del Estado y las Iglesias, es el primer paso en la lucha contra esa violencia machista.
Nuestro Proyecto está en las calles
Décadas de lucha del movimiento de mujeres, Encuentros cada vez más numerosos y combativos; quince años de una Campaña que nucleó a más de 500 organizaciones alrededor de la demanda del Derecho al Aborto Legal, seguro y Gratuito, construyeron esa Marea Verde que nos empapó a todes en 20 18, y que hoy está a las puertas de hacer historia.
A pesar del rechazo en Senadores, de aquel lluvioso 8A, sabíamos que parte de la batalla ya la habíamos ganado. Bastaba con salir a la calle y ver el pañuelo verde en cada mochila, cuello o muñeca, para comprobar que habíamos logrado convertir al aborto de un delito en un derecho, lo habíamos despenalizado socialmente y debíamos seguir movilizadas para que por fin fuera ley.
Este año, en marzo, en la apertura de sesiones legislativas, el Presidente se comprometió a enviar un Proyecto de Legalización del Aborto. La pandemia fue la excusa para dilatar esa presentación, y tuvimos que volver a las calles, a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, para que se cumpliera con esa promesa. Lamentablemente, el Ejecutivo nunca tuvo en cuenta que ya existía un Proyecto, con estado parlamentario, el de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, construido con un extenso debate y un profundo conocimiento de lo que hacía falta para garantizar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, el derecho a decidir.
El 17 de noviembre se presentó un Proyecto para legalizar el aborto que, por primera vez en la historia, cuenta con la firma del Presidente de la Nación. Ese un triunfo de nuestra lucha inclaudicable, que nos muestra hasta dónde somos capaces de llegar “ahora que estamos juntas”.
Pero ese proyecto tiene algunas diferencias respecto al proyecto de la Campaña que constituyen limitaciones muy graves, que es importante señalar, sin ambigüedades, para conquistar la mejor Ley.
Es cierto que desde la propia Campaña se han admitido similitudes muy importantes entre ambos proyectos, que nos parece importante señalar, como la legalización, despenalización y el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive, y las causales luego de este período, y el hecho de que se establezca el acceso a la práctica por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la normativa del Código Civil, la existencia de consejerías no obligatorias y su cobertura por los sistemas de salud.
También se establece en el Proyecto del Ejecutivo, el “trato digno y libre de violencias, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, de transparencia activa y calidad, según estándares de la OMS” e incorpora la resolución nº 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, que estipula que “deberá protegerse a la mujer y toda persona con capacidad de gestar de injerencias ilegítimas por parte de terceros” (léase curas, fundamentalistas antiderechos o parejas que quieran imponer que se continúe con el embarazo).
Pero como dijimos antes, las diferencias son muy importantes, la principal, por supuesto, es la posibilidad de que el personal médico a cargo de garantizar la IVE pueda alegar objeción de conciencia para negarse a realizar la práctica, establecida en el artículo I0 del Proyecto oficial. Aunque se plantee que se trata de la objeción de conciencia individual y no institucional, lo cierto es que no deja claro que las instituciones deben garantizar el acceso a la IVE, sin posibilidad de escudarse, por ejemplo, en que “todes les profesionales sean objetores”.
Esto quizá parezca un tema menor en las grandes ciudades, donde hay una red extendida de profesionales de la salud por el derecho a decidir, pero pensemos en provincias como Tucumán o Salta, donde incluso se ha vulnerado el acceso a la interrupción legal del embarazo a niñas víctimas de violación; o Misiones, declarada “pro vida”; pensemos en pequeñas localidades de la Patagonia, donde todes se conocen y la presión de los sectores antiderechos sobre las y los médicos es brutal.
Si se mantiene la posibilidad de la objeción de conciencia, entonces, el proyecto no garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que lo permite, que es muy distinto.
Los otros puntos de discordancia son la incorporación de la penalización para “quien causare el propio aborto” o consintiera “que otro se lo cause” luego de las 14 semanas de gestación establecidas y por fuera de las causales de no punibilidad previstas luego de ese período: abuso sexual o riesgo para la vida o salud integral; que, por supuesto, no existía en el Proyecto de la Campaña; el plazo que deberá transcurrir entre el momento en que la persona gestante solicite la IVE y su realización efectiva: mientras que el proyecto de la Campaña prevé un plazo de cinco días, el texto del Ejecutivo amplía ese período a diez días. Y, por último, la Campaña señaló que el artículo 12 del proyecto del Ejecutivo, dedicado a la Educación Sexual Integral (ESI), no incluye expresamente el derecho a la IVE en el contenido curricular ni el marco con el que deberá ser trabajado en las aulas.
Tenemos por delante una batalla muy dura contra les antiderechos que ya están saliendo a la calle para hacer sentir todo el peso del oscurantismo clerical. Pero también una pelea por defender el Proyecto de la Campaña, o, en su defecto, que el Proyecto oficial incorpore todas las modificaciones planteadas, para que efectivamente se GARANTICE nuestro derecho a decidir. Es fundamental que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito siga promoviendo y garantizando esa movilización, así como lo hizo en 2018, convocando a las Centrales, sindicatos, comisiones internas, a las organizaciones estudiantiles, a todas las colectivas feministas, organizaciones sociales y políticas, a hacer historia, en la calle, donde se construyen todas las grandes victorias.
Comentários