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El Estado paraguayo ante la pandemia: necessidad de impuestos extraordinarios a los ricos

Tomás Zayas Roa, Dirigente del MPS - Movimiento por el Socialismo. Comunidad El Triunfo, Minga Guasú, Paraguay.

La crisis desatada por la pandemia Covid 19 genera la reacción de todos los sectores sociales, acerca de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social que se abrió, de dónde sacar los recursos excepcionales que se necesitan para poder atender esta dramática situación.

Por otra parte, desnuda la fragilidad en que se encuentra la salud pública por haber sido desmantelada junto a otras áreas vitales del Estado; las políticas de ajustes provocaron carencia de equipos en los hospitales y de presupuesto para comprarlo. Y la población empobrecida quedó imposibilitada de aguantar sin recursos y sin la ayuda de un Estado que no se anima a cobrarles impuestos a los que ganan inmensas fortunas.

Los derechos se defienden luchando

Hay que señalar que las prestaciones que el Estado aún posee es posible gracias a la lucha del pueblo, a su movilización. En el año 2002 con el cuento de la Reforma del Estado, el gobierno de González Maqui, en complicidad con el parlamento, estuvo a punto de privatizar todo. 30.000 campesinos y campesinas movilizadas con gran sacrificio y con el costo de la vida del compañero Calixto Cabral, asesinado el 17 de junio año 2002 por la represión policial, obligaron al gobierno a retirar su proyecto que ya contaba con media sanción del Parlamento.

Es así como se defendieron los recursos del Estado y los derechos del pueblo pobre; los sucesivos gobiernos han recortado los presupuestos de los Ministerios como Salud, Educación y Agricultura.

El golpista Federico Franco fue el que más recortes hizo en Salud, dejando a la sanidad pública en terapia intensiva.

Medidas de emergencia que hacen falta

Con la emergencia de la pandemia, el Gobierno no encuentra nada mejor que recurrir a nuevos préstamos para equipar hospitales y atender a quienes carecen de alimento.

Para eso es necesario que el estado tenga recursos genuinos, en primer lugar a través de los impuestos que deberían cobrarse. En este momento, se justificaría un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, como se está discutiendo en otros países.

Por obra y gracia de las clases dominantes, Paraguay sigue siendo un Paraíso fiscal en el que los capitalistas hacen lo que les da la gana. El gobierno de Horacio Cartes lo promocionaba con groseras expresiones como “Paraguay debe ser como esas chicas lindas y baratas” o “usen y abusen del Paraguay”. En la práctica estas expresiones miserables se hicieron realidad para algunos grupos económicos como por ejemplo los del agronegocio.

Las cosas por su nombre

El pasado 23 de abril, el diario ABC Color publicó un informe del vocero de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que la última zafra sojera fue de 10.500.000 tonelada, generando 1 600 millones de dólares (Cita de referencia). Señalaba también que 41.600 fincas son menores de 20 hectáreas y que hubo un incremento de 26.000 pequeñas fincas. La UGP utiliza estos datos con la pretensión de sostener que el desarrollo y el progreso dependen del Agro negocio y que por lo tanto, no debe pagar impuestos, con la falacia de que los 41.000 pequeños sojeros serían perjudicados. Hasta el momento, el “aporte” de los sojeros con todos los dólares que afirman mover, no ha pasado de repartir juguito de soja al que denominan leche .El plan de ellos es evitar el pago de impuesto como siempre. Es necesario llamar a las cosas por su nombre, Tranquilo Favero, es un latifundista brasileño que detenta más de un millón de hectáreas. Gran parte de esas tierras eran de pequeños agricultores que cayeron en la trampa de cultivar soja y recibir crédito de silos de Favero. Al no poder pagar sus deudas, los campesinos iban perdiendo sus tierras con las que terminaba quedándose el patrón. Esa es una de las formas, posteriormente entraron en la compra de derechera y luego en el arrendamiento, en clara violación de las leyes. Últimamente alquilan tierra y también personas a quienes utilizan como “presta nombre”. Solo en San Cristóbal y Alto Paraná se logró frenar 200 expedientes de titulación en el INDERT de la época en que Justo Cárdenas era presidente de la institución, a través de presta nombres

La desaparición de comunidades enteras no fue por cultivo de maní, poroto o mandioca, fue porque se metieron a cultivar soja. Hoy la situación es alarmante, todas aquellas familias que alquilan su tierra para cultivo de soja no tienen comida y están pasando hambre.

Este pequeño grupo de privilegiados mueve 1600 millones de dólares y para el Estado oligárquico no importa que no paguen impuestos ni generan mano de obra. Esto aparte de destrozar el ambiente y el ecosistema. Muchos de ellos ni son Empresario ni inversionista son simple especuladores que a diario violan las siguientes leyes vigentes en el país:

1. Ley 1863/02 o Estatuto Agrario que establece que la tierra pública se adquiere para la agricultura familiar, la producción de alimentos de consumo y renta de excedente, ambiente ecológicamente sostenible, esta tierra pública es

no se puede alquilar o arrendar.

2. Ley 2532 zona de seguridad de la Frontera.

3. Ley 4686/12 sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales (compra venta de derechera)

4. Ley 716 protege el medio ambiente y la calidad de la vida humana

5. capítulo 5 de la Constitución Nacional que reconoce a los Pueblos indígena como Nación anterior a la creación del Estado Paraguayo y las tierra indígena no se puede ipotecar arrendar o dividir y a pesar de todos ellos oy esta imbadida por el agro Negocio y los indígena como parias deambulando por las ciudades

En cualquier país del mundo se aplica el principio de que el que tiene más paga más y no se puede admitir la extorsión de los capitalistas contra toda la sociedad y su propio Estado.

Si no están de acuerdo podrán buscar otro país, total el capital no tiene patria. Pero los pueblos no tenemos más que estas tierras para vivir y satisfacer nuestras necesidades.

El impuesto es impuesto, no tiene porqué ser solidario y el impuesto a la agroexportación de soja y maíz así como al tabaco y el alcohol es de estricta justicia social.

Estas medidas permitirían tener fondos para hacer frente a la pandemia y para asistir a quienes se quedaron sin nada en este tiempo.

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