La humanidad se enfrenta al avance acelerado del nuevo coronavirus, que ya ha causado miles de muertes en todo el mundo. Junto con la peligrosa pandemia, ha estallado una nueva crisis económica mundial de acontecimientos impredecibles. Ni siquiera en la gran crisis de 1929 las Bolsas de Valores cayeron tanto en tan poco tiempo como ahora.
La crisis de la salud pública y la economía internacional no afecta a todos por igual. Afecta más a la clase trabajadora, especialmente a sus capas más pobres, ancianos, oprimidos y vulnerables, que no cuentan con planes de salud privados y están amenazados con perder sus empleos y sus ingresos por la paralización de las actividades económicas.
Los gobiernos, en lugar de asignar todos los recursos de emergencia a la salud pública y a las garantías económicas y sociales de los trabajadores, dan prioridad a las demandas de los banqueros y los grandes capitalistas, inyectando dinero público en el mercado financiero y salvando a los multimillonarios en dificultades.
En Brasil, la situación es aún peor. Bolsonaro hace repetidas declaraciones subestimando y desdeñando el peligro de la propagación del nuevo virus, además de incumplir los protocolos sanitarios, exponiendo a las personas al contagio (Bolsonaro mismo estuvo sospechado de estar infectado), un crimen contra la salud pública. El presidente neofascista prefiere, como lo hizo este domingo (15 de marzo), continuar con sus planes golpistas y autoritarios.
Ante el estallido de la crisis, el gobierno, el Congreso y la burguesía intensificarán las medidas neoliberales con el argumento de “combatir” la crisis económica. Por otra parte, no están tomando las medidas necesarias para proteger la salud de la mayoría de la población, en particular la más pobre.
Según los expertos y estudios más coherentes, hay dos medidas principales para frenar la propagación del virus: el distanciamiento social y las pruebas masivas. Sin embargo, la necesidad imperiosa de aislamiento social (en particular de las personas a las que se les ha diagnosticado el virus) no puede convertirse en un pretexto para imponer cuarentenas militarizadas y otras medidas represivas.
En este momento crítico, lo más importante es la solidaridad y la empatía con los demás, especialmente con los más necesitados. Los sindicatos, los movimientos populares y los partidos de izquierda deben movilizarse y unirse en la lucha contra el nuevo coronavirus y en la defensa intransigente de los intereses y los derechos de los trabajadores y los oprimidos.
En este sentido, defendemos un plan de 15 medidas sociales y económicas de emergencia:
1) Con el fin del PEC del Techo (Enmienda Constitucional del Techo de los Gastos, Teto dos Gastos Públicos), liberar inmediatamente fondos para la salud pública (Sistema Único de Salud – SUS), en cantidad suficiente para la contratación de emergencia de profesionales de la salud y la compra del equipo y la estructura necesarios, como dispositivos respiratorios, camas de la UTI (Unidades de Tratamiento Intensivo), medicamentos, etc.
2) Garantía de pruebas masivas gratuitas en todos los hospitales y puestos de salud.
3) La distribución gratuita de gel y máscaras de alcohol a la población, así como la congelación de los precios en las farmacias y los mercados de estos y otros artículos esenciales como alimentos, medicinas, productos de higiene y limpieza y gas de cocina.
4) Suspensión de las clases en todos los niveles, sector público y privado, por un período indefinido. Permiso de trabajo remunerado para todas las madres y padres que tengan hijos con clases suspendidas. Distribución de la canasta de alimentos básicos a las familias que dependen de los alimentos para evitar el hambre.
5) Utilización de la estructura de la red privada de salud para recibir gratuitamente a las personas que necesitan atención, sin distinción entre los que tienen y los que no tienen un plan privado de salud y con entrada coordinada por el SUS por una sola puerta.
6) Con excepción de los servicios esenciales y las tiendas y fábricas de artículos de primera necesidad, suspensión de todas las actividades laborales, con licencia pagada y estabilidad laboral garantizada para todos los trabajadores. Liberación del trabajo para todos los que forman parte del grupo de riesgo, incluso en los servicios esenciales.
7) Limpieza frecuente de los transportes públicos (autobuses, trenes, metro) y demás equipamientos de uso público.
8) Oposición a cualquier intento de cuarentena militar ante la propagación del virus.
9) Medidas de emergencia para proteger la salud de los trabajadores, con especial atención a los del sector de la salud, el transporte, la limpieza y otros equipos de uso público. Todo aislamiento o cuarentena debe equipararse a una enfermedad contagiosa con hospitalización, con pago completo y otros derechos asegurados. Liberación inmediata de las jubilaciones y prestaciones por enfermedad paralizadas debido a la “fila” del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social),
10) Garantía de beneficios extraordinarios (de 1,5 salarios mínimos mensuales mientras dure la crisis) a todos los trabajadores informales y precarios afectados por la crisis y/o desempleados.
11) A través de los bancos públicos, garantizar el apoyo financiero a todas las pequeñas y microempresas amenazadas por la crisis.
12) Extensión inmediata del beneficio de Bolsa Familia a todas las familias de bajos ingresos afectadas por la crisis, así como la exención del pago de las facturas de agua, electricidad y alquileres para ellas.
13) Para garantizar los recursos para esta inversión social de emergencia, abogamos por el fin del Techo de Gastos, la imposición de los beneficios bancarios y las grandes fortunas y la suspensión del pago de la deuda pública para los grandes acreedores.
14) Reanudación de las inversiones públicas para generar empleo e ingresos, comenzando por la salud pública (construcción de hospitales, ampliación de camas, contratación de servidores, etc.) y el saneamiento básico.
15) Retirada de las propuestas de desbloqueo presupuestario, SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) 186 de emergencia, Reforma Administrativa, privatizaciones y otras medidas que retiran los derechos laborales y sociales. Mantenimiento de la decisión del Congreso sobre el Beneficio Continuo en Efectivo.
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