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  • Comunidades protestam contra a falta de água em Porto Alegre

    Em meio ao calor que nessa quarta-feira, 31, ultrapassou a sensação térmica de 42°C na capital gaúcha, comunidades sofrem com a falta de água em diversos pontos da cidade, expondo crianças e idosos a uma situação desumana. Na Quintal do Portal – localizada na Lomba do Pinheiro, zona leste – moradores organizaram barricadas durante horas na última terça-feira e foram duramente reprimidos pela Brigada Militar [1]. É revoltante, mas é a realidade: a prefeitura tem sido mais hábil em reprimir as comunidades do que em resolver o problema da falta de água.

    De acordo com a Resistência Popular Comunitária (RPC), “Rompimento de adutora, falta de luz, dificuldade de bombeamento, são inúmeras desculpas esfarrapadas dadas pelo DMAE para a crise de abastecimento.” [2], entretanto, em reportagem divulgada no site Gaúcha ZH nesta quinta-feira, a direção do Departamento Municipal de Água e Esgotos afirma que já alerta desde 2011 para os riscos do desabastecimento nos zonas leste e sul, devido o contraste entre a capacidade de fornecimento e o crescimento do consumo. [3]

    A RPC também demonstra em números como o desinvestimento no DMAE prejudica o abastecimento de água na capital: “o sistema de abastecimento de água trabalha no limite e necessita de cerca de 440 milhões de reais de investimento para garantir o funcionamento nos próximos 20 anos. Analisando o relatório gerencial financeiro vemos que os investimentos foram drasticamente reduzidos. O percentual de investimentos em 2017 em relação ao arrecadado foi de apenas 11,73%, quando a média histórica (2007 a 2016) foi de 24,9%. Enquanto não houver investimento, o diretor afirma que irão continuar ocorrendo intermitências. Santos admitiu também que mais de 300 milhões de reais foram retirados do caixa do DMAE para pagamento “socorro” de dívidas das prefeituras dos governos Fortunatti e Marchezan Jr, entre 2013 e 2018. Isso comprova que o sucateamento do DMAE é estratégia de governo dos últimos prefeitos de Porto Alegre.”.

    A Defensoria Pública do Estado enviou ofício ao DMAE exigindo explicações sobre o problema e também estuda ingressar com ação judicial. Em entrevista a Rádia Gaúcha, a defensora Rafaela Consalter defendeu a mudança no horário de passagem do caminhão pipa, já que o horário atual colide com a jornada de trabalho da maioria dos moradores e também sugeriu o desconto na fatura dos moradores atingidos, medidas justas diante da falta de respeito do poder público [4]. Nessa quinta-feira, novos problemas atingiram a Estação de Tratamento de Água Belém Novo, atingindo moradores das zonas sul e leste.

    Essa situação poderia ser evitada. Porto Alegre possui uma empresa pública de abastecimento e tratamento de água que é modelo para o país. Ao invés de rifar o DMAE para a privatização, o que pode encarecer o serviço e colocá-lo ao sabor dos interesses do mercado, o correto seria ampliar o investimento em novas estações de tratamento e distribuição de água, bem como seguir ampliando a rede de saneamento básico na capital, que já atinge quase 80% da população. É preciso denunciar esse descaso e o projeto de privatização, bem como apoiar as mobilizações das comunidades por esse direito básico.


    NOTAS

    1 – https://www.facebook.com/reporterpop/videos/2260503810882503/
    2 – http://reporterpopular.com.br/falta-agua-na-periferia-mas-as-piscinas-dos-ricos-seguem-cheias/
    3 – https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/falta-de-agua-em-porto-alegre-foi-prevista-em-2011-obra-nunca-foi-feita-diz-diretor-geral-do-dmae-cjrkj0d7401qf01nylarw3xfg.html
    4 – https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/defensoria-publica-pede-esclarecimentos-ao-dmae-pela-falta-de-agua-em-porto-alegre-cjrjq7n9h01uf01q9u3e3feve.html

     

    Foto: Reprodução TV RBS

  • Venezuela urgente: ¡No al golpe de Guaidó! ¡Fuera Trump de América Latina!

    Nicolás Maduro asumió el 10 de enero para un segundo mandato presidencial, según el calendario electoral aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que actualmente ejerce plenos poderes en Venezuela.

    Las principales agencias de noticias internacionales y brasileñas ocultan intencionalmente que Maduro ganó las elecciones en mayo de 2018, compitiendo por medio del voto directo y secreto, derrotando a otros tres candidatos opositores, obteniendo 6.245.862 votos (el 67,8% de los votos válidos), seguido de Henri Falcón que alcanzó 1.927.387 votos (20,99% de los válidos), además de Javier Bertucci con 996.181 votos (10,82% de los votos válidos) y Reinaldo Quijada que alcanzó 36.246 votos (3,96% de los votos válidos).

    En esas elecciones, un importante sector de la oposición de derecha, organizada en el frente derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó el boicot, desconociendo el calendario electoral convocado por la ANC. Antes, en diciembre de 2015, la oposición de derecha había elegido a la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional (el Congreso Nacional de Venezuela), y desde entonces pasó a intentar un golpe parlamentario apoyado por EEUU, al estilo hondureño / paraguayo, que también fue aplicado en Brasil con el impeachment de la presidenta Dilma.

    Sucedió que ese intento de golpe, que también se apoyó en violentas manifestaciones de bloqueos callejeros –las llamadas «guarimbas»—, fue derrotado justamente porque Maduro convocó a la ANC para enfrentar la operación de la MUD/EEUU. Uno de los partidos que forma parte del MUD y también llamó al fracasado boicot de la ANC fue Voluntad Popular del entonces Diputado Nacional, Juan Guiadó, que fue el presidente de la actualmente superada Asamblea Nacional, que funciona sin legitimidad institucional como asamblea partidista opositora.

    Guaidó, este miércoles 23 de enero, de forma inédita y apoyándose en el gobierno Trump, en la OEA y en los sirvientes del imperialismo, Ivan Duque de Colombia y Bolsonaro de Brasil, se autoproclamó presidente de la República de Venezuela. Llama atención que Guaidó no concurrió a las elecciones en mayo de 2018, es decir, ¡no tuvo ni siquiera un voto. A coninuación, el golpista tuvo el rápido reconocimiento del gobierno imperialista de Donald Trump, seguido por los países alineados a Estados Unidos en América Latina y Europa. Las loables excepciones que se declararon contra la más reciente operación golpista, entre los países de América Latina, fueron los gobiernos mexicano, cubano y boliviano. Turquía, Rusia y China también se posicionaron contra la intervención norteamericana en Venezuela.

    La autoproclamación del ex diputado consiste en una operación golpista más de la MUD para intentar desestabilizar el país y dividir al pueblo y a las Fuerzas Armadas venezolanas, intentando abrir el camino incluso para nuevas operaciones militares extranjeras o nuevos atentados terroristas, siguiendo el ejemplo del intento de asesinato Maduro, perpetrado con el uso de drones, en agosto de 2018, o incluso el de junio de 2017, operado con un helicóptero que lanzó granadas en el predio del Ministerio del Interior de Venezuela.

    No somos chavistas, no apoyamos políticamente al gobierno de Maduro y no consideramos a Venezuela como un modelo de socialismo, ni siquiera de transición al socialismo. Sin embargo, estamos incondicionalmente al lado de los pueblos latinoamericanos contra cualquier intento golpista proimperialista, organizado bajo el manto de defensa de la democracia liberal.

    Defendemos la autodeterminación de los pueblos y estamos en contra de la entrega de las riquezas petroleras a las multinacionales del petróleo, pues ese es uno de los principales objetivos que se desea con el derrocamiento inmediato del gobierno Maduro por la MUD: la apropiación privada imperialista de las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo, pues Venezuela desde 2010 superó incluso a Arabia Saudita en las reservas globales de los países de la OPEP.

    Estamos a favor de la profundización de las medidas antiimperialistas y de la expropiación y estatización de los grandes grupos económicos, en particular de los bancos, del sector de alimentos y de medicamentos, y de las tierras.

    También estamos a favor de la congelación de los precios de los bienes de supervivencia inmediata y de la confiscación de las propiedades de los sabotadores de la economía popular. Defendemos la autodefensa organizada de la población civil, lado a lado con las fuerzas armadas, ante cualquier operación militar externa.

    Yfinalmente, defendemos que el gobierno Maduro y la ANC garanticen la más amplia democracia y libertad de expresión para las organizaciones sociales y sindicales, de sectores no golpistas y de toda izquierda del país. No se puede intentar sofocar las diferencias en nombre de la unidad. Cualquier actitud antidemocrática contra las organizaciones legítimas del pueblo y de la izquierda venezolana, en vez de fortalecer, debilita esa inmensa lucha.

    El imperialismo norteamericano y sus gobiernos aliados europeos, al servicio de las grandes corporaciones capitalistas, recurrentemente utilizan el discurso «democrático» para ocultar sus reales objetivos de recolonización de los pueblos del mundo. Tatan, así, de posibilitar una mayor expoliación de los recursos naturales y la explotación cada vez mayor de los trabajadores y de las poblaciones originarias. Así lo hicieron en las ocupaciones de Irak (2003/2011) y en Afganistán (2001/2013), con el resultado de la destrucción de esos países y la muerte de miles de personas.

    Lo que está en curso por parte de la oposición de derecha, del imperialismo y de sus socios en la región, como es el caso del reciente gobierno de Bolsonaro en Brasil, no es una nueva operación en defensa de la democracia, sino un nuevo intento de intervención proimperialista para derrocar al gobierno de Venezuela y apoderarse a la vez de las riquezas petroleras de aquel país. Y, a continuación, aplicar medidas ultraliberales, po ejemplo, la dolarización total de la economía, privatizaciones generalizadas y recortes brutales de los derechos de los trabajadores y de las políticas sociales.

    ¡Los pueblos latinoamericanos necesitan unirse para evitar una nueva guerra destructiva de los pueblos y de los recursos naturales, esta vez en nuestro continente! ¡Exijamos que los gobiernos de la región rechazen cualquier acuerdo con Trump o intento de cesión de territorios, bases u operaciones militares que signifiquen medidas de guerra contra el pueblo de Venezuela! ¡Ningún reconocimiento de la autopresidencia golpista de Guaidó! ¡Fuera Trump de América Latina! ¡Convocamos a todas las organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales a formar comités en defensa de la soberanía de Venezuela!

     

    Traducción: Revista Perspectiva Marxista [https://perspectivamarxista.blogspot.com]

     

  • Manifesto: Resistência antiimperialista contra a nova tentativa de golpe na Venezuela!

    As organizações e personalidades anticapitalistas e socialistas da América Latina abaixo assinantes, comprometidas com a conquista da soberania, liberdade e democracia dos nossos povos, condenamos energicamente a nova tentativa de derrubar o governo eleito nas urnas, de Nicolas Maduro.

    Agora pela via de um Golpe de Estado ou intervenção estrangeira, cinicamente coordenado pelo Governo dos EUA. Uma intervenção imperialista, como em outras ocasiões, não vai defender a democracia, pelo contrário, e que não é somente contra o governo Maduro, mas sim para manter o domínio imperialista na região.

    Entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2019, fomos testemunhas do início de uma ação coordenada desde a Casa Branca, através da convocação cínica de Mike Pence para instalação de uma presidência usurpadora e ilegítima que ninguém votou. A linha ditada por Pence, em nome de Trump, foi seguida na Venezuela com precisão.

    Internacionalmente também a OEA e os países da região que apoiaram a “Declaração de Lima” se subordinaram imediatamente aos planos imperialistas reconhecendo a ilegítima presidência de Juan Guaidó. Em primeiro lugar, Bolsonaro, Macri, Piñera e Duque, com a pretensão de implementar um bloqueio contra Venezuela, alinhados com a política militarista de Trump e colaborando com uma suposta provocação que justifique a intervenção armada.

    O verdadeiro usurpador, Guaidó, contribui para essa provocação refugiando-se na embaixada colombiana na Venezuela.
    A partir de nossos distintos países nos somamos as ações internacionalistas, anti-imperialistas e unitárias que condenam esta tentativa de golpe de Estado na Venezuela.

    Convocamos a realização de campanhas amplas internacionalistas contra este novo capítulo da longa história de intervenções estadunidenses em nosso continente. Defender a soberania venezuelana não significa ser omisso a contradições e críticas ao governo Maduro.

    Sem dúvidas, e isto deve ser um sentido comum democrático básico, só o povo venezuelano livre, soberano e democrático, livre de títeres de qualquer potência imperialista, é o dono de seu próprio futuro.

    Não ao Golpe de Estado na Venezuela!

    Primeiros aderentes:

    Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS), Venezuela. Stalín Pérez, Luis Bonilla

    Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), México: Edgard Sánchez, Luis Rangel, Josefina Chávez, Andrés Lund, Gabriela Zanabria.

    Movimiento Ecosocialista (Colombia): Daniel Libreros.

    Polo Ciudadano (Panamá): Olmedo Beluche, Félix Villarreal, Briseida Barrantes y Abdiel Rodríguez.

    Resistência – PSOL (Corrente Interna do PSOL – Brasil)

    Comuna (PSOL de Brasil): Cheron Moretti, Jacqueline Parmigiani

    Democracia Socialista (Argentina) Martín Mosquera

    Corriente Amaru (Perú): Jonathan Fuentes.

    Tarzia Medeiros, Secretaria General del PSOL (BRasil)

    Guillermo Almeyra. Escritor y militante revolucionario (México)

    Mario Azeredo, miembro de Dirección PSOL-RS

    Berna Menezes de la Ejecutiva Nacional del PSOL

    Mario Hernández (Argentina)

    Eduardo Lucita. Economista (Argentina)

    Claudio Katz. Economista (Argentina)

    Aldo Casas y Nora Ciapponi, militantes revolucionarios (Argentina)

    Mario Quiñones, médico y militante revolucionario (Venezuela)

    Eric Toussaint, escritor y militante internacionalista (Bélgica)

    Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT): México. Jorge Herrera, Fernanda Justo, Alberto Bárcenas, Luis Rojas y Edgard Sánchez

    Frente Socialista (México): José Santos.

    Partido Revolucionario del Pueblo (PRP). México. Gregorio Miranda

    Comité de Unidad Popular (México). Mario Rojas

    Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) México. Luis Rojas.

    Coordinadora Socialista Revolucionaria (México): Luis Téllez.

    Partido Comunista Mexicano (PCM): Juan Farrera

    Juventud Comunista Mexicana (JCM): Isabel Segovia

    Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas

    Sindicato de Trabajadores de FCA Chrysler

    Sindicato de Trabajadores de Occimetalmecánica

    Sindicato de Trabajadores de Filtros Wix

    Sindicato de Trabajadores de Vicson

    Sindicato de Trabajadores de Encava

    Modesto Emilio Guerrero, periodista

     

    Foto: Manifestação contra o golpe, em 30 de janeiro.

  • Reestatizar a Vale com base em um novo modelo de mineração

    Há uma semana, no dia 25, o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG) provocou o que já é o maior “acidente” de trabalho da história do País, com 99 mortes confirmadas e 259 desaparecidos, graves consequências para o meio ambiente, além da morte de centenas de animais.

    Foi uma tragédia anunciada. Especialistas sabiam que um novo rompimento era questão de tempo. A ambientalista Maria Teresa Corujo tentou impedir que fosse em Brumadinho. No fim do ano, denunciou a autorização para expandir as operações na mina como uma “insanidade”. Não foi ouvida.

    A Vale, governos e parlamentos ignoraram ativistas e pesquisadores que cobravam medidas após o acidente em Mariana, há apenas três anos, com 19 mortes e contaminou o Rio Doce. Prevaleceu a impunidade.

    O crime da Vale

    Em abril, o presidente da empresa, Fabio Schvartsman, disse que “hoje as barragens são impecáveis”. Não eram. A Vale nada fez, mesmo tendo outras dez barragens semelhantes a que ruiu há uma semana. As barragens desse tipo têm sua capacidade ampliada com o método de “alteamento”, que usa o próprio rejeito como base. Somente agora, após centenas de mortes, a Vale anunciou que vai desativar as operações em barragens deste tipo, proibidas em outros países.

    A empresa é a responsável pelo rompimento em Brumadinho, do mesmo modo que já havia sido em Mariana. É preciso ser duramente responsabilizada e punida. Não basta a prisão de engenheiros ou dos técnicos responsáveis pela auditoria, enquanto os chefes permanecem soltos. A principal culpada pela tragédia anunciada é a cúpula da empresa, que estabelece políticas no sentido de economizar custos. Ela deve ser destituída imediatamente e responder pelo crime, com bloqueio de bens e salários. Todos os responsáveis devem ser investigados e presos, inclusive o presidente e acionistas.

    O presidente, Schvartsman, que recebe R$ 1,6 milhão por mês, em abril afirmou: “Se houvesse outro acidente como o de Mariana, minha gestão seria curta“. Se ele já sabia que sua presença se tornaria insustentável, o que falar após uma tragédia desta dimensão e com tantos funcionários entre as vítimas.

    É preciso garantir que o patrimônio da empresa esteja bloqueado, a serviço da garantia da indenização aos parentes, da recomposição da bacia do rio Paraopeba e da região, e da garantia de empregos a todos os trabalhadores, incluindo os terceirizados. A empresa deve garantir os salários de todos, enquanto as minas e barragens permanecerem fechadas, para todas as vistorias e obras de segurança.

    Quem fiscaliza?

    Não há mecanismo que fiscalize, de fato, as barragens. São 839 barragens de rejeitos no país, e só 449 delas estão incluídas na Política Nacional de Segurança de Barragens. A Agência Nacional de Mineração (ANM) tem apenas 35 fiscais capacitados em todo o País, e que não trabalham exclusivamente fiscalizando.

    Na prática, há uma “auto-fiscalização”. São as próprias mineradoras que contratam as auditorias externas. E são elas que fornecem as informações que baseiam as vistorias. As fiscalizações in loco da ANM são raras e ocorrem somente após laudos críticos. No caso de Brumadinho, uma auditoria externa recente atestara que a barragem não oferecia riscos.

    A fiscalização dos órgãos reguladores e a ação de órgãos ambientais esbarra no corte de gastos e no sucateamento da máquina pública, em especial após a PEC do Teto de Gastos e os ajustes fiscais dos governos. A lógica do estado mínimo e os planos de austeridade mostram a sua face nesta tragédia.

    Destaca-se ainda a relação entre políticos e empresas mineradoras, que pressionam pela aprovação recorde de licenciamentos, e influenciam no conteúdo de laudos, subestimando riscos.

    O setor manda no Congresso Nacional. Projetos apresentados para aumentar a segurança nas barragens encontram-se parados. Em 2014, dos 27 parlamentares da comissão que debateu o Código da Mineração, 20 haviam recebido doações de mineradoras. O relator, deputado Leonardo Quintão (MDB-MG), hoje alojado na Casa Civil, havia tido 42% de sua campanha paga por estas empresas. Provavelmente por isso, tenha apresentado emendas retirando artigos sobre a fiscalização nas barragens.

    Mineração: lucro acima da vida

    Brumadinho não é um caso isolado. É mais um crime do setor de mineração. As empresas agem como uma nuvem de gafanhotos, destruindo o meio ambiente e deixando enormes crateras nas cidades, depois que o minério se esgota. Os acidentes e os danos ao meio ambiente se proliferam, como em Barcarena, no Pará, com o vazamento provocado por uma empresa norueguesa.

    O que está por trás é a lógica do lucro. Desde a privatização, a prioridade da Vale são os acionistas, mesmo que isso signifique vidas e destruição do meio ambiente, aqui e nos 30 países onde atua. A empresa passou a ser comandada pelo Bradesco e tem parte das ações com investidores internacionais.

    No terceiro trimestre de 2018, obteve lucro líquido de R$ 5,75 bilhões, batendo recorde de 104,9 milhões de toneladas de minério. O aumento da produção tem compensado a queda do preço do minério de ferro no mercado mundial.

    Produzir mais trouxe mais lucro, mas também gerou mais rejeitos, exigindo barragens maiores e provocando mais acidentes.

    Em vez de adotar tecnologias que substituem o uso de barragens de rejeitos ou mesmo adotar barragens mais seguras, a empresa escolheu usar uma mina em uma barragem de alteamento feita em 1976. Tudo para garantir o lucro dos acionistas. A Vale escolheu cortar gastos, economizar, ainda que o custo tenha sido o de centenas de vidas.

    É preciso romper com esse modelo e a lógica insana do setor de mineração, que considera o meio ambiente, os povos indígenas e os direitos humanos e trabalhistas obstáculos ao crescimento econômico. Um modelo voltado para o lucro, para os interesses das empresas e que, infelizmente, não foi exclusivo do PSDB, mas prosseguiu nos governos petistas.

    Reestatizar a Vale com controle social

    É preciso impedir que a Vale ou outra empresa continue a ser responsável pela destruição do meio ambiente e ou volte a provocar crimes como esse. Para isso, é preciso retomar a empresa, vendida em 1997 a preço de banana, e estabelecer um novo modelo de mineração no país.

    Reestatizar a Vale não é só uma medida econômica, de defesa dos interesses nacionais e de nossa riqueza mineral. Diante de crimes como o de Brumadinho, a reestatização torna-se também medida de segurança nacional, para evitar novas mortes e destruição ambiental em larga escala.

    É preciso reestatizar com controle social e democrático das comunidades e trabalhadores sobre a empresa, para garantir que as operações da companhia sejam orientadas pela defesa da vida, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável das cidades mineradoras, valorização e respeito aos trabalhadores. Com a Vale a serviço do país, e não mais dominada por grandes acionistas estrangeiros e banqueiros, será possível agregar valor ao minério no Brasil, gerando empregos e ativando o parque industrial nacional.

    Da mesma forma, é necessário impedir novas privatizações. O governo já anuncia um plano para privatizar quase todas as estatais, incluindo Correios e Eletrobrás. Por exemplo, entregar a Petrobrás ou suas subsidiárias diretamente ao capital estrangeiro significa ampliar a busca de lucro, com cortes de custos, e mais chances de acidentes. A Vale, depois de privatizada, ampliou qualitativamente a destruição do meio ambiente, a desvalorização dos trabalhadores e das comunidades. Com a Petrobras entregue às petroleiras estrangeiras, poderemos ter novos vazamentos como a que a Chevron provocou na Bacia de Campos, em 2011, e mais mortes de seus trabalhadores.

    O governo Bolsonaro tem lado

    A tragédia questiona diretamente o programa que o presidente Bolsonaro apresentou para a economia do país e o meio ambiente. A ideia de que “os empresários sofrem muito” e de que o meio ambiente “atrapalha” viram lama diante das imagens.

    A flexibilização dos processos de licenciamento e cortes na fiscalização ambiental irão acelerar a destruição do meio ambiente e provocar novos acidentes. Ou se está do lado do meio ambiente ou do lado das mineradoras, como o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo, condenado por ter favorecido estas empresas, em São Paulo.

    O governo escolhe defender a Vale, sua diretoria e acionistas. Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, descartou uma intervenção do governo na empresa e a troca de comando. O motivo é evitar a “reação do mercado financeiro”. O secretário Nacional de Desestatização, Salim Mattar, afirmou nesta terça-feira (29) que o governo pretende punir as pessoas e não a Vale. “A companhia não fez mal a ninguém”,  afirmou. Ou seja, valem mais os interesses dos acionistas e da direção da Vale do que os do povo.

    O governo Bolsonaro, ao escolher o lado da Vale, revela aos seus eleitores a quem de fato serve.

    Foto: Ricardo Stuckert

     

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